El próximo 10 de mayo concluye la gestión de la fiscal general Claudia Paz y Paz, lo que supone un fin anticipado a los planes de las actuales autoridades del Ministerio Público (MP), que además participan para lograr la reelección y continuar con el trabajo hasta ahora realizado.

Analistas opinan sobre el estado de la Fiscalía, el legado en el sistema de justicia y los espacios en donde no se lograron los resultados esperados.

Hace tres años y cuatro meses Paz y Paz asumió el cargo como jefa del MP, una entidad que, como muchas del Estado, era blanco de señalamientos por ineficiencia y corrupción. La percepción de la ciudadanía sobre el ente persecutor de delincuentes y criminales era la de una institución que no generaba resultados, ni confianza. La justicia parecía entonces un privilegio de las personas con poder.

Las cosas han cambiado y ahora hay datos que revelan, por ejemplo, una reducción del 30 por ciento de impunidad en crímenes contra la vida, y varias sentencias llevaron a la sociedad a quizás empezar a creer que el lema “justicia pronta y cumplida” no es solo una aspiración.

En estos momentos la Comisión de Postulación para Fiscal General conduce el proceso para elegir a los seis candidatos a jefe del MP de los próximos cuatro años; el presidente Otto Pérez Molina tendrá la palabra para determinar quién de los actuales 26 aspirantes es el más calificado para ocupar el cargo.

En ese contexto se hace un repaso de las estrategias, procedimientos y métodos de investigación que la Fiscalía le hereda al sistema de justicia, y se cuestionan también aquellas asignaciones que no lograron ser solventadas.

Los legados y retos del MP, según analistas y organizaciones de la sociedad civil, son cuestionables.

LAS CIFRAS Y EL CAMBIO

En el informe Observador Judicial 94-2014 del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), se da a conocer que en promedio, cada año el MP recibe 350 mil denuncias, de las cuales desestima una tercera parte e investiga las dos restantes.

Esto, según el documento, responde a la visión de la política criminal del MP, acerca de la persecución penal estratégica, que busca combatir estructuras criminales, encontrar patrones delictivos en los casos y desarticular grandes bandas. También obedece al reconocimiento de las autoridades comunitarias,  principalmente indígenas y sus formas de aplicación de justicia, debidamente legitimadas en la población.
 
En el informe se refiere que los cuatro delitos más graves son contra la vida, contra la libertad sexual, extorsiones y diferentes tipos de robo del crimen organizado. La decisión de la Fiscalía es que el 80 por ciento de los recursos se dediquen a estos cuatro tipos de crímenes y el restante 20 por ciento a los demás ilícitos.

En relación a los casos conocidos por la Fiscalía de Derechos Humanos, se señala que desde el año 2008 el ente recibió 5 mil 18 denuncias, de las cuales desestimó mil 191, lo que llevó a condenas de 96 personas.

Pese a los resultados alcanzados, de los cuales únicamente se lograron algunas sentencias, el ICCPG considera urgente que el MP cuente con una policía de investigación criminal, profesional, capacitada y trabajando coordinadamente con la fiscalía para potencializar los avances del ente investigador.

No obstante la efectividad del trabajo en la Fiscalía depende de hombres y mujeres con vocación de servicio público, refiere el Observatorio Judicial, ya que se necesita capacidad e independencia para hacer el trabajo de persecución penal.
 
Requiere además de una lucha fuerte contra el crimen organizado, el cual desea cooptar los espacios públicos para seguir incrementando impunemente sus ganancias, a un altísimo costo social: el estancamiento del desarrollo político y económico de todas y todos los guatemaltecos.

Uno de los puntos que aborda el ICCPG es que a pesar de la creación de la Dirección General de Investigación Criminal, ésta aún no funciona; si se pusiera en marcha permitiría potencializar los resultados del MP.

Según el instituto, el MP se enmarca en un paradigma de política criminal orientado a la persecución penal estratégica, cuyo axioma es: “más recursos para los delitos menos graves”.

NO SE TRATA DE CRECER POR CRECER

Edgar Celada, de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), considera que actualmente una de las principales carencias del MP es su tamaño, en relación con las dimensiones de la criminalidad en el país.

El analista dijo que según el más reciente dato oficial –a octubre de 2012–, el MP tiene más de 4 mil 287 funcionarios y empleados, de los cuales el 75 por ciento –3,216 personas– está directamente vinculado a la actividad sustantiva de la entidad.

“Compare estos 3 mil 216 funcionarios dedicados a la persecución penal con los 5 mil 253 homicidios reportados por la PNC en 2013 y a eso súmele unos 80 mil casos de delitos contra el patrimonio que se producen cada año, sin mencionar otro tipo de transgresiones criminales de la ley”, cuestionó el analista.

Las cifras evidencian la falta de cobertura e incapacidad para atender todos los delitos que se cometen en Guatemala.

Relacionado con lo anterior y siempre en la línea de la insuficiencia principal del MP, está su limitada presencia territorial, refirió Celada. Actualmente el ente investigador tiene presencia directa e inmediata en 56 municipios, equivalentes al 16.5 por ciento de los 338 municipios del país. Lo que significa que en más del 84 por ciento de las localidades la Fiscalía está ausente, al menos de forma inmediata.

Además Celada indicó que a limitada presencia territorial cabe agregar una justificada duda sobre la adecuación del MP a la realidad multicultural, multiétnica y plurilingüe de Guatemala. En 2013 el MP contaba únicamente con 54 intérpretes o traductores de 14 idiomas, mientras que en el país hay 23 idiomas reconocidos.

El problema de ausencia territorial está vinculado con la falta de recursos. En ese sentido, la estrategia para el esparcimiento del ente investigador, según Celada, debe corresponder a un plan que tome en cuenta la incidencia de la criminalidad.

Ese plan de expansión, además, debería contemplar la presencia de fiscalías especializadas en cabeceras departamentales determinadas, dependiendo del mapeo de la criminalidad.

“No se trata de crecer por crecer, ni de una expansión territorial desordenada, sino de algo pensado que busque la combinación virtuosa entre cantidad y calidad. Un plan de ese tipo supone que continúe el crecimiento del presupuesto del MP, no sólo en términos nominales sino también reales”, subrayó.

Por otro lado, el analista de IPNUSAC refiere que en cuanto a resultados en los casos, los números hablan de la eficacia, de la calidad técnica y profesional de la institución.

“Si nos atenemos a las cifras del propio MP, en 2010 se llevaron a juicio 4 mil 899 casos y en 2013 esa cifra se elevó a 7 mil 679 juicios abiertos. Esto es un crecimiento de 56.7 por ciento. Por lo que toca a condenas obtenidas, el crecimiento en el período considerado es de casi 91 por ciento (3 mil 894 condenas en 2010 versus 7 mil 486 en 2013)”, explicó.

Los datos reflejan avances, y lo que se espera, insistió Celada, es que no haya retrocesos con el posible cambio de autoridades de mayo próximo.

De los retos, el analista explicó que el problema de la investigación criminal sigue siendo una asignatura pendiente, pero no solamente del MP, sino también de la Policía Nacional Civil, y en su momento de la Dirección General de Investigación Criminal, creada en el 2012, pero que continúa en proceso de construcción.

En cuanto al presupuesto que ha recibido la entidad desde el año 2003 al 2013, este pasó de Q447 millones 966 mil 027 a Q1,287 mil millones 670 mil 843, lo que significa que creció en 287.4 por ciento.

Además desde el año 2010 opera la Extinción de Dominio, la que solamente en el 2012 aportó Q5 millones al MP.

AUTONOMÍA

“La autonomía del MP y del conjunto del sistema de justicia es una condición indispensable para que la palabra adquiera su pleno sentido. Si se me permite la expresión: para que haya una “justicia justa”, refirió Celada acerca de la autonomía de la entidad.

Pese a los esfuerzos, el entrevistado refiere que el tema continúa siendo más bien una aspiración permanente.

“La autonomía debe ser expresión de una orientación general de política institucional, que se concreta caso por caso. No nos engañemos: el MP continuará, durante mucho tiempo, siendo objeto de todo tipo de presiones por parte de poderes fácticos”, admitió.

El esfuerzo es que ahora el MP luche por mantener su autonomía para no plegarse dócilmente a esos poderes y no esté al servicio de ellos: “Que tenga la habilidad para navegar en un complejo mar de intereses contrapuestos, de manera que se preserve el interés general por encima de los interese particulares”.

CORRUPCIÓN

Uno de los aspectos más criticados de la actual gestión del MP es la falta de respuesta en los grandes casos de corrupción. La fiscalía encargada de conocer este tipo de delitos ha cambiado de jefe durante los últimos años, y de igual forma ha modificado sus métodos de investigación.

Eugenio Fernández, presidente de la Asociación de Protección del Contribuyente (Asprodeco), califica a la actual fiscal, Aura Marina López, como una funcionaria capaz de investigar este tipo de delitos, no obstante su trabajo se ve afectado por una serie de limitantes.

La primera dificultad, según Fernández, es el presupuesto, ya que dicha Fiscalía recibe un presupuesto de Q7 millones, que según el entrevistado únicamente alcanza a cubrir los salarios de los trabajadores y quizás recursos de transportes.

“No se le da la prioridad a la Fiscalía contra la Corrupción cuando la propia Vicepresidenta dice que calcula que se pierden Q15 mil millones al año por actos de corrupción”, dijo enfático.

Fernández señaló que el tema de la lucha contra este flagelo está vinculado con decisiones políticas de las autoridades que no le prestan atención a este tipo de delitos.
 
“No ha habido voluntad política desde el MP para apoyar a la Fiscalía contra la Corrupción y Delitos Administrativos, ambas cuentan presupuestos raquíticos, y cómo se va a combatir un problema de Q15 mil millones con Q7 millones”, criticó.

El entrevistado señaló que las consecuencias de la falta de persecución de la corrupción abarcan temas de salud, educación, vida, seguridad, etc.

“HEREDAMOS LA ORGANIZACIÓN”

Alejandro Rodríguez, secretario de Política Criminal del MP, habló acerca de lo que las autoridades de la institución valoran y califican como un legado para el sistema de justicia.

El entrevistado señaló enfáticamente que el principal legado ha sido la organización y nueva cultura de persecución penal.

“El MP con la doctora Paz y Paz ha iniciado ya con una persecución penal estratégica, que significa que antes se trabajaban los casos inconexos; cada caso era trabajado aisladamente y no había una visión en conjunto de lo que estaba sucediendo”, indicó.

El enfoque actual de persecución penal estratégica consiste en encontrar los patrones sistemáticos de la criminalidad, el análisis del fenómeno criminal en su conjunto y la determinación de las situaciones que originan el delito.

“De esa manera la Fiscalía ha generado las Unidades de Enlace que hacen análisis del entorno criminal para ir haciendo mapas de criminalidad y hacer el esbozo de las estructuras criminales y sistematizar la información del delito”, explicó.

De esa cuenta el trabajo se vuelca sobre la persecución de las organizaciones criminales, así como la acusación y búsqueda de condenas. Además el MP le deja al sistema la implementación de una ubicación y sistematización de los instrumentos que utilizan las bandas.

“Una de las instrucciones más importantes que ha hecho la doctora Paz se refiere al análisis obligatorio que debe hacerse sobre las armas de fuego y portación por medio del sistema IBIS”, señaló.

Por su parte, Javier Monterroso, asesor de Paz y Paz reconoció que la asignatura pendiente fueron los resultados de la lucha contra la impunidad, que según explicó derivó de una infructuosa relación interinstitucional.

En el marco del proceso de elección del próximo Fiscal General, el Observador Judicial 94-2014 del ICCPG refiere que “la conducción del MP no es un asunto de buenas intenciones, necesariamente, requiere una propuesta técnica político criminal, de un planteamiento sobre cómo enfrentar democráticamente el fenómeno criminal desde una perspectiva racional vinculada a la promoción y respeto de los derechos humanos”.