Nunca antes en la historia del país tantos grupos se han unido con la misma meta: asegurar que la justicia regrese a su lugar, es decir, que ésta se aplique de forma selectiva para no afectar a los grupos paralelos que mandan en el país, entre los que se encuentran los ladrones de cuello blanco, los corruptos que hacen micos y pericos con el dinero de la gente, los contrabandistas, los operadores del sistema paralelo de justicia y un largo etcétera.

A pesar que se han cometido errores, el aporte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la gestión de Claudia Paz y Paz nos ha permitido avanzar, poco, pero algo al fin, en la lucha en contra de algunos de los poderes fácticos del país  y ello ha hecho que muchas personas hayan tenido que salir de la clandestinidad desde donde mangonean el sistema.

Se ha avanzado de alguna manera enviando un mensaje que, a pesar de la infiltración en todo el sistema, cuando se quiere se puede en términos de la aplicación de la ley, pero ello no se ha traducido en avances en el tema medular de todos: la corrupción.

El editorial de ayer de La Hora lo resumía claramente: “Guatemala es impune porque es corrupta y la razón es sencilla: Las instituciones se controlan y se deforman para que con su incapacidad no puedan perseguir a los ladrones que como presidentes, ministros, secretarios o empresarios se vuelven millonarios a costa de un país pobre. Si para mantener esa incapacidad de perseguirlos se generaliza la impunidad en temas de violencia, no les importa mientras les deje gozar sus millones mal habidos.”.

He sostenido que la gestión de Paz y Paz fue buena pero quedó condicionada en el tema de la corrupción al ser nombrada por el gobierno de Álvaro Colom en un momento en que él le permitía a su Secretario Privado el acaparamiento de todos los negocios.

Y lo mismo puede ocurrir ahora. Si lo analizamos fríamente, a pesar de que las presiones de los grupos identificados en el primer párrafo de este artículo son fuertes para nombrar a uno de sus servidores, el Presidente debería tener mucho cuidado al hacer su elección para no pegarse un tiro en el pie en un momento en que su gobierno es vigilado por la comunidad internacional y cuando la falta de transparencia está a la orden del día.

Puede que el Presidente decida elegir alguno de la lista que con sus acciones ha demostrado no ser parte de los poderes paralelos (un par, pero los hay), pero éste puede verse condicionado a hacerse de la vista gorda en el tema de la corrupción dada la manera en que muchos miembros de este gobierno están haciendo negocios a diestra y siniestra.

De ser así, se asegurarán lo detallado en el editorial del lunes aquí citado, y todo en apariencia cambiará para que al final nada cambie porque la corrupción todo lo resuelve. Siempre queda la opción de no guardar apariencias y ello se traduciría en que el Presidente decida asegurarle impunidad total a los grupos paralelos, nombrándoles al fiscal de su elección.

En todo caso, la responsabilidad del Presidente es enorme y recae en él exclusivamente.