El fiscal general de la República, Juan Luis Florido, anunció que de oficio ya se investiga al superintendente de Bancos, Willy Valdemar Zapata, porque se presume habría incurrido en el delito de omisión de denuncia.
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«Hemos requerido los documentos necesarios para continuar con la persecución penal; la Fiscalía de Delitos Administrativos tiene a su cargo las averiguaciones para determinar si existe delito que imputar», dio a conocer el jefe del MP, Juan Luis Florido.
Las averiguaciones que ya realiza el ente investigador surgen luego que el abogado de los ejecutivos de Banco de Comercio, S.A., Jorge Sactic, entregara un informe donde se da a conocer que el Superintendente de Bancos conocía con varios meses de antelación de las operaciones de la Organizadora de Comercio, consideradas hasta hoy como ilícitas.
Presentan querella
El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Manuel Baldizón presentó ante los tribunales de justicia una querella en contra de la presidenta del Banco de Guatemala, María Antonieta del Cid de Bonilla, y del Superintendente de Bancos, Willy Zapata.
La denuncia tiene como propósito que se realice una investigación en contra de los funcionarios de la banca estatal, porque, según el interponente en representación de cuentahabientes del Bancafé y Banco de Comercio, del Cid y Zapata habrían incurrido en el delito de incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.
«Consideramos que todo lo que ha sucedido en torno al cierre de operaciones de estos bancos se ha debido a la falta de supervisión y al incumplimiento de la Ley de Supervisión Financiera, que se ha ignorado; lo que dijo Willy Zapata hace unos días en torno a que no existía peligro de quiebra de instituciones bancarias resultó falso», refirió de forma enfática, el diputado Baldizón.
El congresista expresó que no critica el hecho que se pudieran haber perdido de Q10 a Q40 millones, por no existir supervisión debida a través de la Superintendencia de Bancos y Junta Monetaria; pero que es inconcebible que desaparecieran mil ochocientos millones de quetzales sin que las autoridades monetarias actuaran a tiempo.