Ocho órdenes de aprehensión han sido giradas contra de diferentes lí­deres comunitarios de Petén, a quienes el Ministerio Público (MP) sindica de usurpación de una área protegida en dicho departamento.

La Fiscalí­a de delitos contra el ambiente del MP informó esta mañana que las órdenes de captura contra los lí­deres comunitarios fueron giradas por la apropiación de una área conocida como La Colorada, San Andrés, Petén.

Noé López, titular de la citada fiscalí­a, explicó que en dicho sector fueron aprehendidas cuatro personas en enero y que «se están haciendo las coordinaciones con el Ministerio de Gobernación para recuperar estas áreas a través de los desalojos por medio de orden judicial», enfatizó el fiscal, y añadió que, actualmente se está realizando una «inspección especial» en el área de Yaxhá, del mismo departamento, por la supuesta invasión a dicho lugar.

El área conocida como el Arroyo Macabiliero, ubicada en la Sierra del Lacandón, ha sido objeto de una gran cantidad de desalojos por parte de la Policí­a Nacional Civil, Ministerio de Gobernación y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). El fiscal ambiental expresó que ello se debe a que «el MP está tratando de que esta gente no vaya a ser como un cáncer en esta zona».

Doblemente ví­ctimas

Yuri Melini, abogado ambientalista del Centro para la Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), explicó que los miembros de las comunidades que son desalojados y contra quienes se giran las órdenes de captura por la usurpación de la tierra, son quienes cometen el delito en flagrancia, pero que éstos son ví­ctimas de personas que hacen negocios con la tierra y autorizan el asentamiento.

El jurista explicó, finalmente, que la problemática es compleja ya que es el Estado en su conjunto es el que deberí­a procurar fuentes de trabajo y resolver los problemas agrarios; ya el problema de fuerte inequidad existente actualmente en el paí­s ha afectado a las áreas protegidas, las cuales cumplen otras funciones a largo plazo.