El Ministerio Público (MP) mantiene en “estatus abierto” una investigación para determinar legalidad de la deuda flotante y si existió un delito por parte de quienes avalaron esa forma de endeudamiento. La denuncia, que fue presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), señala a exministros y exempleados públicos de la cartera de Comunicaciones.
jgarcia@lahora.com.gt
Una de las dos denuncias que presentó la Contraloría en relación a la deuda flotante es investigada por la Fiscalía contra la Corrupción; hace una semana se dio a conocer que dichas denuncias habrían sido desestimadas, no obstante la interpuesta el 25 de noviembre de 2011 tiene estatus abierto.
La denuncia de la CGC, a la cual tuvo acceso La Hora, responde a una auditoría que abarca del 1 de enero de 2007 al 30 de abril de 2010 y consta de 34 páginas.
En el documento se detalla que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), no registró en la etapa de “comprometido y por pagar” en el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin), los compromisos adquiridos mediante la suscripción de contratos durante los períodos fiscales 2007 al 2010.
“Por lo tanto no existe deuda reconocida en el Sicoin”, indica el documento. En otra parte de la denuncia se señala: “La Unidad Ejecutora de Covial, incumple la Ley Orgánica del Presupuesto (…); no obstante al incumplimiento al registro de la etapa de comprometido y por pagar, ha realizado pagos entre el 01 de enero del 2007 al 30 de abril del 2011”.
La Contraloría enfatiza que “no se puede establecer la conformación de la deuda, derivado de que no existe confiabilidad y legitimidad de la documentación presentada por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, además los reportes generados en el módulo de contratos del Sistema de Gestión Siges, carecen de confiabilidad, por existir incongruencias en los mismos”.
AUDITADOS
El ente contralor subrayó que presentó la denuncia “contra funcionarios y empleados públicos que resultaren responsables de conformidad con las investigaciones, que realice el ente de investigación penal, de conformidad con la auditoría realizada.”
Las autoridades señaladas en la denuncia en relación a los periodos auditados son los exministros de Comunicaciones, Manuel Eduardo Castillo Arroyo, Francisco José Unda Toriello, Luis Alfredo, Alejos Olivero, Guillermo Andrés Castillo Ruiz y Jesús Insúa Ramazzini.
FASE DE INVESTIGACIÓN
Javier Monterroso, asesor de la fiscal general Claudia Paz y Paz, informó que las pesquisas son trabajadas en conjunto con el Ministerio de Finanzas y la Contraloría.
Según indicó actualmente los fiscales están documentando el proceso; hasta la fecha se han recopilado 30 carpetas de información; no obstante, Monterroso señaló que aún hace falta avanzar en la vía de verificar qué obras existen, pero “se están obteniendo resultados en establecer la responsabilidad de funcionarios que contrajeron deuda sin estar previamente establecida en el presupuesto”.
LOS DENUNCIADOS
POR JODY GARCIA
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En la denuncia interpuesta por la CGC en noviembre de 2011, solicitan que se investigue y se determine la participación de las siguientes personas:
Exministros de la cartera de Comunicaciones:
Manuel Eduardo Castillo Arroyo, Francisco José Unda Toriello, Luis Alfredo Alejos Olivero, Guillermo Andrés Castillo Ruiz y Jesús Insua Ramazzini.
Ex viceministros de Comunicaciones
Berta Lilia del Valle Pérez, Guillermo Andrés Castillo Ruiz, Alfredo Estuardo Mury Aguirre, Otto Efraín Ordóñez López,
Exdirectores de la Unidad Ejecutora de Covial
Miguel Ángel Cabrera Gándara, Henry Jesús López y López, Oscar Armando Escriba Morales, Justo Alfredo Cóbar Guerra. Además son señalados Edson Javier Rivera Méndez, Jaime Antonio Arriaga Sosa, Marvin Antonio Lemen Ortiz y Carlos Humberto Hall.