Ministerio Público solicitará en los próximos días a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que decida sobre los antejuicios contra los juzgadores señalados por la CICIG.
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El Ministerio Público (MP) remitió a la Fiscalía de Delitos Administrativos el informe/denuncia, «Los Jueces de la Impunidad» de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), donde señalan a 18 jueces de haber incurrido en supuestos actos de corrupción.
Javier Monterroso, Asesor de la fiscal general, Claudia Paz y Paz, refirió que en los próximos días el ente investigador hará la solicitud formal, no obstante no será en contra de los 18 togados señalados, ya que hay tres tipos de casos: donde ya se decretó con lugar el antejuicio y existen procesos penales; casos donde la solicitud fue declarada sin lugar y otros donde procede hacer el requerimiento de antejuicio ante los magistrados de la CSJ.
El Asesor explicó que ya hoy dos jueces con causa penal y otros tres casos donde ya fue declarado sin lugar el retiro de inmunidad.
Tal es el caso de las juezas Patricia Anabella Veras Castillo y Coralia Carmina Contreras Flores, donde la CSJ declaró improcedente la solicitud emitida como consecuencia de absolución del delito de peculado en favor del Expresidente de la República, Alfonso Portillo.
“Ya no podemos hacer nada, allí se queda, porque por los mismos hechos no se puede volver a solicitar un antejuicio”, afirmó Monterroso, y agregó que la misma situación se encontró en el caso de la jueza Irma Leticia Valenzuela, de quien la Corte, ya dictaminó que el recurso no procedía.
En el caso del Juez Julio Gerónimo Xitumul, Monterroso dijo que aunque la CSJ también negará una acción de este tipo, la CICIG lo señala por dos hechos, lo que permite promover otro antejuicio en su contra.
Por otro lado, dentro de los denunciados ya hay togados con causa penal: Mario Fernando Peralta Castañeda y Rosana Maribel Mena Guzmán, ambos jueces de primera instancia de niñez y adolescencia, acusados de haber autorizado adopciones ilegales.
A la fecha el juez Peralta Castañeda, está próximo a enfrentar juicio por los delitos de Asociación Ilícita, Trata de Personas, Prevaricato y Denegación de Justicia.
En ese sentido, los togados sobre quienes la CSJ deberá resolver si retira la inmunidad y da luz verde para que el ente investigador realice las pesquisas son: Carlos Antonio Aguilar, Silvia Coralia Morales, Artemio Tánchez, Héctor Echeverría, Fausto Corado Morán, Byron de la Cruz, Dina Josefina Ochoa Escribá, Sergio Leonel Castro Romero, Silvia Violeta de León Santos, Amílcar Enrique Colindres Hernández, Verónica Galicia Marroquín y José Eduardo Cojulún.
Se intentó obtener las reacciones de Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), pero no atendió las llamadas a su celular.
Críticas a la CICIG por informe
Alfonso Portillo, expresidente de la República, esta mañana criticó el informe “Los Jueces de la Impunidad”, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que consideró que con el mismo Francisco Dall’Anese está actuando como juez y parte.
“Acusar sin pruebas, señalar con prejuicios y elaborar un documento con ese nombre, es un crimen”, opinó, y agregó enfático: “es como si yo le dijera a él que tiene cara de proxeneta”. Según las declaraciones del exmandatario, los señalamientos de la Comisión fueron vertidos sin pruebas que los sustenten y afectan la institucionalidad del poder judicial.
Por otro lado manifestó que 14 departamentos ya están organizados para manifestar contra su extradición, dentro de ellos, los Expac (Ex Patrulleros de Autodefensa Civil).
Las afirmaciones fueron vertidas por Portillo, momentos después de firmar el libro de procesados en el Tribunal Undécimo de la Torre de Tribunales. Diego Álvarez, vocero de la CICIG, no atendió las constantes llamadas a su teléfono para solicitar una reacción de la entidad.
En otro tema, el abogado Mauricio Berriondo, está mañana se presentó en la Corte de Constitucionalidad (CC), junto al equipo de defensa del exmandatario, para plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición, ya que considera que la normativa viola el artículo 27 de la Carta Magna.
Según consignó esperan que dentro de los próximos 15 días el máximo órgano constitucional notifique si dará con lugar la acción.