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Según la Fiscalí­a de Delitos contra la Vida, que investiga el brutal descuartizamiento de una joven en la zona 18, el Smurf está involucrado en una serie de crí­menes ocurridos en ese sector.

El recién iniciado proceso contra Alfaro Orozco está relacionado con el ataque simultáneo contra tres pilotos, a quienes supuestamente atacó a quemarropa, aunque también existe otro proceso por el asesinato de una niña, que es investigado por otra fiscalí­a.

¿Cuáles son las causas que llevan a un joven como Alfaro Orozco a entregar su vida al crimen?, ¿Qué factores permitieron que una persona planificara y lograra que se ejecutaran una serie de crí­menes desde una prisión?

Asesinatos

En marzo de 2009 los cuerpos de socorro hallaron los restos de una mujer que habí­a sido decapitada en un terreno baldí­o de la zona 18. La ví­ctima fue identificada como Ilsi Mariela Pablo Castro.

Meses después fueron capturadas Gedalia Canté Véliz, Marta Elizabeth Mancilla y Rosa Xabaj Zurdo, dos de las cuales confesaron haber participado en el asesinato. Todas fueron absueltas por el Tribunal Séptimo de Sentencia.

Un joven, de 16 años, apodado el Mosco, fue condenado a seis años de prisión por haber coordinado y ejecutado el asesinato; durante el desarrollo de las investigaciones el Ministerio Público determinó a través de las declaraciones de colaboradores eficaces que el Smurf habí­a sido quien ordenó el macabro crimen.

Pero una semana antes del asesinato de Pablo Castro, la familia de una de las integrantes de la pandilla del Smurf fue ametrallada en su propia vivienda en zona 18; según estableció la fiscalí­a el crimen contra estos también fue ordenado desde la prisión por el Smurf.

Pero los crí­menes no quedaron ahí­; tres dí­as después del asesinato de los familiares de la pandillera, la Policí­a Nacional Civil ejecutó la aprehensión flagrante de Hilmer Ismael Coc, alias el Skiny, quien fue ahorcado esa misma noche en el Centro de Prisión Preventiva para varones de la zona 18, por orden del Smurf. Aunque la fiscalí­a plantea esos criterios como una hipótesis, existen declaraciones testimoniales que confirman cada hecho.

Ataque directo

El 15 de noviembre de 2007 se produjo un ataque armado en una de las terminales de buses de la zona 18; tres pilotos esperaban su turno de ruta en ese lugar cuando escucharon los primeros disparos contra ellos.

Uno de los testigos presenciales detalló a la fiscalí­a que el Smurf era quien, con arma en mano, disparaba directamente a los pilotos del transporte colectivo; la identificación del testigo permitió la aprehensión posterior del lí­der de la Mara 18.

En el lugar falleció el piloto Saúl Armando Lozano Ramos, quien recibió varios disparos en partes vitales, lo que impidió que sobreviviera al ataque. Juan Carlos Lorenzo Noj, otro de los pilotos atacados quedó gravemente herido.

Lorenzo Noj fue herido en la espalda y el abdomen. Los informes médicos de la Fiscalí­a detallan que el piloto perdió el vaso y parte del pulmón en el ataque. Las secuelas psicológicas impidieron que declarara en el debate.

Uno de los sobrevivientes fue Carlos Antonio Navarro Pérez; quien no sufrió ninguna herida de bala, pues logró encontrar refugio en un área cercana al bus atacado para no ser herido.

Pero las consecuencias de sobrevivir a un ataque como ese fueron desastrosas para Navarro Pérez, pues un año después del ataque su hija de apenas 11 años de edad fue asesinada a tiros en el Barrio Colombia de la zona 18. La Fiscalí­a realiza una investigación y tiene indicios de que el Smurf fue quien ordenó desde la prisión el asesinato.

Por este crimen, el tribunal Décimo de Sentencia condenó a 82 años al sindicado. Los jueces lo encontraron culpable por los delitos de asesinato y doble tentativa de asesinato.

Intimidación

Rubilia Monzón, fiscal de Delitos contra la Vida del Ministerio Público y encargada de la investigación por el asesinato de los pilotos arriba descritos, explicó los hechos por los que enfrentó proceso el pandillero.

«El sindicado enfrentó proceso por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa en virtud de su acto criminal que consistió en el ataque contra tres personas que resultó con la muerte inmediata de uno de ellos», explica la fiscal.

Pero la investigadora también da otro tipo de detalles, por ejemplo, explica que en una de las primeras audiencias, la presencia del pandillero en el banquillo de los acusados intimidaba a los testigos, por lo que ordenaron que el debate fuera a puerta cerrada.

Pero la determinación del Tribunal no fue suficiente, pues los testigos clave del proceso se sintieron amenazados para prestar su declaración; por lo que los juzgadores ordenaron colocar una barrera entre el reo y el declarante para que no tuvieran contacto visual. La primera audiencia fue suspendida en más de una ocasión debido a la intimidación que el Smurf hací­a a los testigos.

La pregunta sigue siendo: ¿Qué lleva a una persona a cometer una serie de crí­menes desde la prisión sin ningún reparo y sin importarle las consecuencias? Nadie mejor que una experta en el estudio del comportamiento humano para responder esa y otras preguntas.

Sin desórdenes

Una experta en psiquiatrí­a explicó a Diario La Hora algunas de las condiciones que definen el comportamiento de un joven como Alfaro Orozco, sindicado de varios crí­menes.

«Empecemos por decir que estos jóvenes no esperan llegar a viejos y al cometer actos terrorí­ficos contra otras personas les quitan lo humano y ellos mismos se convierten en inhumanos», inicia su explicación la experta.

Morales explica que si bien es cierto que este tipo de actitudes criminales son un producto del deterioro de la estructura social y que posiblemente algunos de los pandilleros peligrosos sean «sociópatas», la mayorí­a de jóvenes en conflicto con la ley «no parece que tengan desordenes psiquiátricos si no que están viviendo un estilo de vida en el cual la violencia es el pan diario», indica.

«El castigo del Smurf se debe a que él no es capaz de convivir en sociedad y se ha convertido en una amenaza para otras personas. Eso puede ser visto como injusto ya que a él posiblemente no se le proporcionaron herramientas necesarias para el aprecio de él, de la vida y de la sociedad en la que vive», comenta la psicóloga.

La doctora consultada considera que al igual que Alfaro Orozco «existen muchos otros Smurf», sólo que éstos no han tenido un juicio y posiblemente nunca serán juzgados por la Ley, esto debido a la extrema violencia que convive al rededor de cada persona.

Morales recomendó finalmente: «Lo posible serí­a que a él se le diese un trato digno dentro de su prisión y evitar el incremento de las conductas violentas dentro de este grupo etario», declaró la doctora.

Responsabilidad del Estado

Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, manifiesta que en torno a este tipo de hechos existe una preocupación fundamental debido a la poca capacidad del Sistema Penitenciario para poner el control desde las cárceles.

«De hecho hay una vinculación desde las redes que operan dentro de la prisión con actores internos que pareciera ser que son quienes permiten este tipo de hechos pues dejan, por poco dinero o bajo amenazas, entrar celulares y otros aparatos que facilitan el crimen», explica Santos.

El analista añade que el problema es que el Estado sigue permitiendo que personas privadas de libertad puedan tener acceso a las personas que están fuera y tienen todas las capacidades para delinquir. «Los reos deberí­an tener coartada la posibilidad de poder actuar desde la cárcel para cometer hechos delictivos», añade.

Pero el analista considera también que el Estado tiene parte de responsabilidad en este tipo de crí­menes, pues es obligación del mismo velar porque el derecho a la seguridad ciudadana se cumpla.

«Este derecho debe garantizarlo plenamente al Estado guatemalteco en dos ví­as: por medio de la libertad de los ciudadanos al trabajo y a todo tipo de derechos y al resguardo de la vida de quienes conforman el propio Estado», comentó Santos.