Aproximadamente 500 vehículos que habrían sido robados y alterados por la “Mega Estructura”, continúan en circulación. Recientemente 26 supuestos miembros de la banda criminal fueron enviados a juicio y puestos en libertad condicional.
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De acuerdo con la información del ente investigador, para llegar a esa cifra se requirió a empresas aseguradoras que informaran la cantidad de carros que se les vendió en las subastas realizadas por Salvador Rodríguez Soto y Gustavo Adolfo Paredes, dos de los presuntos líderes de la estructura criminal.
De esa cuenta la Fiscalía estima que son al menos 500 los automotores que circulan en las calles y que podrían tener origen ilícito, ya que la banda conocida como Mega Estructura los robaba, cambiaba sus registros en complicidad con trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y luego los ponía a la venta.
Dichos carros fueron cambiados en sus características físicas y en su identificación alfanumérica de motor y chasis.
Hasta la fecha la Sección contra el Robo de Vehículos del Ministerio Público continúa investigando el caso, ya que únicamente se ha logrado la recuperación de 47 carros alterados. Algunos de los vehículos fueron robados en El Salvador.
FISCALIZAR CHATARRERAS
Las ganancias de este ilícito fueron millonarias para la estructura ya que al comprar chatarra de vehículos la banda invertía Q500 mil y percibía como ganancias Q2 millones.
En ese sentido, el Ministerio Público informó que en el Congreso de la República existe una iniciativa de ley que busca, entre otros temas, que se fiscalicen las actividades de las chatarreras, ya que según las pesquisas están implicadas en el robo de identidad de los automóviles.
APELARÁ LIBERTAD
Por este caso 26 personas fueron enviadas a juicio por la jueza Carol Patricia Flores, del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo. Los delitos por los cuales enfrentarán debate oral y público son comercialización de vehículos robados en el extranjero y territorio nacional, caso especial de estafa, asociación ilícita, falsificación de placas y encubrimiento propio.
No obstante, el Ministerio Público apelará el fallo dictado por Flores, ya que al enviar a juicio a los sindicados los dejó en libertad bajo el pago de Q100 mil en concepto de caución económica.
La Fiscalía estima que existe peligro de fuga. El próximo 18 de junio el MP presentará las pruebas por este caso.