Los que leen esta columna saben que como presidente de Asprodeco hemos emprendido dos acciones legales. La primera en contra de La Riviera, pues esta empresa defrauda al fisco millones de quetzales mensualmente. La segunda en contra de los funcionarios de la SAT que han auspiciado, protegido y encubierto este delito, el cual de acuerdo a la Corte de Constitucionalidad, según de Sentencia de fecha 30 de julio de 2012 constituye una simulación jurídica. En ambos casos dependemos del Ministerio Público, para que cumpla con la obligación constitucional de perseguir a los criminales.

En diciembre y enero hubo cambios en la fiscalía de Delitos Económicos, nombraron a un nuevo agente fiscal y a un nuevo fiscal en el caso de La Riviera. La rotación de agentes fiscales de enero parecía normal. Desde nuestro punto de vista, las acciones del MP, bajo la dirección de la licenciada Aura Marina López, quien estuvo a cargo de esa fiscalía, fueron objetivas, congruentes y diligentes. Sin duda, la fiscal realizó un trabajo eficiente que provocó el enfado de varios funcionarios de la SAT por su independencia y por los constantes requerimientos de documentos legales que les hiciere oportunamente.

Nunca puse en tela de juicio la capacidad del nuevo fiscal que fue nombrado al caso, posteriormente el licenciado Mynor Oxón Paredes dominaba mejor la materia aduanal tributario. Lo que siempre dude fue de su imparcialidad. Nunca se mostró comprometido con la verdad. En varias ocasiones parecía defender la posición de entidad denunciada -La Riviera- con argucias legales ridículas. Pero cuando se evidencio su total parcialidad fue en una reunión que sostuvimos en marzo junto con el licenciado Javier Monterroso, asesor de la Fiscal General día que Asprodeco denunció penalmente a dos superintendentes y varios intendentes de la SAT por un rosario de delitos relacionados a este mismo caso. En esa reunión como representante de dicha Asociación, comenté que tenía dificultades de llegar a la audiencia del 15 de marzo y fue cuando el licenciado Oxón sugirió que mejor no llegáramos por razones estratégicas.

Esta excusa fue utilizada por la defensa de La Riviera para intentar excluirnos como querellantes adhesivos por no habernos presentado y se programó una audiencia para determinar si se nos excluía o no del caso por abandono. Después de escuchar los argumentos de La Riviera, me tocó escuchar los del MP, el licenciado Oxón indicó que basado en la objetividad estaba de acuerdo en que nos excluyeran como querellantes adhesivos del proceso contra La Rivera. O sea que por un lado nos anima a no presentarnos y por otro aprovecha nuestra ausencia para apoyar a la parte acusada a que nos saquen del proceso. Sin embargo, se resolvió que continuábamos como parte del juicio.

Posteriormente La Riviera interpone otra serie de incidentes con el mismo propósito, de sacarnos como querellantes adhesivos; ya ellos saben que es Asprodeco la que promueve la investigación y no el MP. Al final la juez Judith Secaria decide, sacarnos del proceso, sin mayor fundamento jurídico, usando los argumentos facilitados por el propio MP. Por supuesto hemos apelado la decisión.

Desde que se presentó la denuncia en contra de los exfuncionarios de la SAT, hace más de dos meses, el MP no ha hecho NADA.

Creo que es hora que la CICIG le dé una mirada a este caso. En el cual se están defraudando millones de quetzales al fisco y la propias estructuras del Estado, en cuenta la SAT son las que están encubriendo estos hechos y el MP se cruza de brazos a pesar de una clara sentencia de la CC que dictaminó que existe SIMULACIÓN y USURPACIÓN DE FUNCIONES por las acciones de los funcionarios de la SAT, que autorizaron a la Riviera como “deposito aduanero a operar como tienda libre”.