El Ministerio Público creó una Agencia Fiscal Especial para la investigación de los delitos cometidos por grupos armados no estatales durante el conflicto armado interno, con competencia a nivel nacional.
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La agencia fue creada por el MP, a través del Acuerdo 114-2011, con el fin de asegurar la objetividad y efectividad en la persecución penal de todos los delitos, sin importar quién los haya cometido ni quiénes sean las víctimas.
La agencia, que estará a cargo de la agente fiscal Piedad Maribel Santiago de Carrera, quien cuenta con una carrera dentro del ministerio de más de doce años, en la medida de los recursos institucionales, se le asignará el personal suficiente para efectuar de forma pronta y efectiva las diligencias que correspondan en los casos bajo su competencia
La agencia se creó dentro de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, y tendrá competencia para conocer los hechos cometidos por miembros de grupos armados no estatales.
PRIMER CASO
La Unidad deberá conocer, entre otros casos, una denuncia presentada por el señor Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, sobre un secuestro del que fue víctima en el año 1982, hecho del que acusa a 26 supuestos ex miembros de la extinta guerrilla.
Dicha querella fue recibida por el Ministerio Público el martes 22 de noviembre de este año, misma que fue trasladada a esta nueva unidad para que la conozca y se inicie el proceso de investigación correspondiente de forma inmediata.
La querella presentada por Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, solicita justicia contra los autores materiales e intelectuales del plagio perpetrado por parte de 26 miembros pertenecientes a los grupos clandestinos terroristas autodenominados “Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)†y el “Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)†por los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada en grado de tentativa, delitos contra los deberes de humanidad y terrorismo.
De acuerdo con Méndez Ruiz Valdés, el 23 de junio de 1982 fue secuestrado por estos grupos, quienes exigían a su padre y entonces Ministro de Gobernación durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, Ricardo Ruiz Rohrmoser, que revelara algunos nombres de personas que se expresaban en contra del Estado, entre los que figuraba la periodista Irma Flaquer. Fue liberado el 12 de agosto de 1982, luego que saliera publicado un manifiesto terrorista.
La querella presentada es contra: Ricardo Rosales Román; Ricardo Ramírez de León; Gustavo Meoño Brener; Enrique Corral Alonzo; Alba Estela Maldonado; Julio Barrios; Víctor López; Celso H. Morales; Byron Javier Oliva.
Yolanda Colom Caballeros; Mario Payeras; Margarita Hurtado Paz y Paz; Laura Hurtado Paz y Paz; Gustavo Porras Castejón; Miguel íngel Albizures Pedroza; Guillermo Cruz Ventura; Luis Urriaran; Javier Urriaran; Higinio Víctor Alejandro Fortuny Zea.
Mario Alfonso Bravo Soto; Eduardo José Cruz López; Wilson Romero; Luis Colindres; Mario Argueta López; Guillermo Castañeda e Israel Márquez.