Javier Monterroso, secretario privado del Ministerio Público (MP), manifestó que el ente investigador tiene las manos atadas ante las denuncias interpuestas por grupos empresariales ante los bloqueos de carreteras, ya que la acción no está tipificada como delito. Esto según consigna una nota publicada por la Agencia Nacional de Noticias (AGN).

De acuerdo con la información, pese a que los bloqueos no están tipificados como delitos,  las investigaciones podrían iniciarse por coacción y asociación ilícita.

Por su parte, Andrés Castillo, presidente del Cacif, quien presentó una denuncia por estos hechos, y que responsabilizó a los grupos de Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) por esas acciones, dijo que  insistirán que los hechos sean investigados y los responsables procesados, esto por las pérdidas que representa para el sector.

“Lo que nos interesa es que se sienten precedentes para que las personas que hagan este tipo de bloqueos sean castigadas. Si el delito como tal no está tipificado, yo asumo que el hecho de quemar llantas, atravesar buses, estar amedrentando con palos a la gente que quiere pasar, ahí hay una alteración del orden público”, expuso, y agregó que en las acciones hay delitos que pueden ser identificados e investigados.

PROCESAN A MIEMBROS DE CODECA
En el Juzgado Primero de Mayor Riesgo A, José Mauricio López Escobar, vinculado por el Ministerio Público (MP) al robo de energía eléctrica en Malacatán, San Marcos, fue ligado a proceso por los delitos de actividad contra la seguridad interna de la Nación y atentado contra los servicios de utilidad pública.

De acuerdo con el MP, por el robo de electricidad, esta  es la primera investigación que tiene causa y proceso penal en el Organismo Judicial (OJ). La fiscal Heidy Hernández, indicó que la denuncia del hecho fue presentada por Deocsa.

Según se refiere, miembros de la Asociación Civil del Desarrollo Malacateco, supuestamente robaban electricidad y cobraba entre Q25 y Q30 mensuales a los usuarios. En caso de reconexiones, cobraban hasta Q500.

Mynor Amézquita, de Energuate, querellante adhesivo en el caso, informó que aún no se tiene un dato estimado de las pérdidas para la entidad. Sin embargo, se consignó que se han presentado 53 denuncias contra Codeca.

Por otro lado, en Zacapa se ventila un proceso similar. En dicho departamento, dos personas ya fueron ligadas a proceso por los delitos de estafa propia e instigación para delinquir, entre ellos Miguel Catalán, dirigente de Codeca.