La Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) investiga lo que es considerado el «primer caso de terrorismo en el país», el cual se deriva después de la explosión de una bomba colocada en el puente Las Chimeneas, en la aldea San Antonio Las Trojes, San Juan Sacatepéquez, en noviembre pasado.
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Jorge Luis Donado, jefe de la referida unidad de investigación, informó que se realizó un análisis de la información remitida por la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el hecho. Los resultados van desde el daño a la infraestructura, el cual está pendiente de determinarse técnicamente, pese a que éste no fue inhabilitado.
«Conocemos, de acuerdo con un informe técnico, el tipo de explosivo que se utilizó y el que sirvió para activar la carga explosiva» resaltó Donado, quien considera que dentro de los implicados en el percance, los cuales están pendientes aún de identificar, «podrían haber personas con la capacitación sufí enciente para hacer uso de los explosivos y con experiencia en demolición».
El hecho
La bomba fue colocada la madrugada del 11 de noviembre último en el puente Las Chimeneas, ubicado en la aldea San Antonio Las Trojes, San Juan Sacatepéquez.
Una posible causa de la colocación del explosivo es la oposición a la construcción de una fábrica de cemento en la finca Santa Fe Ocaña, San Juan.
El mayor daño a la infraestructura del puente fue la perforación de aproximadamente 4 metros de diámetro, la cual dejó habilitado un solo carril.
Terrorismo en Guatemala
El fiscal Donado indicó que la tipificación del delito por el antes descrito hecho es terrorismo, la cual contempla una pena de prisión de 10 a 30 años, según las leyes nacionales.
El jefe de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado añadió que los pobladores realizan ese tipo de actos «con la falsa idea de perjudicar al Estado, pero la más perjudicada es la misma población».
El MP no descarta que en el hecho haya existido participación de elementos que pudieron haber pertenecido a las fuerzas armadas, como de personas que pudieron, en su momento, estar ligadas a la subversión.
Condenable
Yuri Melini, abogado del Centro para la Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), opinó: «no sólo lamentamos el hecho sino que lo condenamos».
Para Melini es importante definir de forma individual a los responsables del hecho, ya que «no son las comunidades sino el Estado el responsable de buscar los mecanismos de acceso a la información de la ciudadanía».
«Lo más preocupante no es que se tipifique como terrorismo el hecho, sino que se reprima la resistencia de las comunidades».