El Ministerio Público (MP) se hará cargo de la seguridad de las 15 mujeres víctimas de violación y esclavitud sexual, que fueron retenidas en el destacamento militar ubicado en el Sepur, Zarco, Izabal, durante el tiempo del conflicto armado interno.

De acuerdo con la información por las declaraciones de las féminas, la Fiscalía de Derechos Humanos buscaría que varias de las víctimas no regresen a su comunidad, pues se sospecha que sus agresores residen allí. Varias de ellas viven en El Estor, Izabal, otras en Panzós y un reducido grupo en la ciudad capital.

Como primera medida de seguridad, el juzgado ya decretó la reserva de los nombres de las declarantes.

CONTINÚAN DECLARACIONES
Este día las féminas coincidieron con el resto, quienes que ya dieron su testimonio, pues mencionaron que luego de que el Ejército matara a sus esposos y quemara todas las casas de la comunidad, tenían que llegar a dar servicios de comida y limpieza al destacamento militar.

Una de ellas, en su relato, dijo que  los abusos sexuales eran constantes; en ese sentido, la fiscalía le cuestionó si como consecuencia de las violaciones había quedado embarazada, y dijo que “no, pero todo mi cuerpo me dolía”.

El MP busca establecer si las víctimas eran inyectadas por los militares, o si eran obligadas a tomar algún tipo de medicamento para evitar embarazos, para que los victimarios pudieran seguir abusando de ellas.

La fiscalía busca individualizar a los responsables para imputarles los delitos de tortura, violación, asesinato, detenciones ilegales, genocidio, entre otros.