Una huelga civil de 24 horas en seis ciudades de Bolivia contra el presidente Evo Morales se inició ayer con brotes de violencia, mientras grupos de vecinos y organizaciones civiles expresaron su apoyo al gobierno, marcando así la profunda división política en el país.
La huelga estuvo caracterizada por actos vandálicos cometidos por grupos juveniles de derecha que intentaban obligar a la población a acatar el paro.
Las organizaciones cívicas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Sucre y Cochabamba, apoyados por sus respectivos gobernadores, protestaron contra el mandatario que no acepta el traslado de la sede de gobierno de La Paz a Sucre y alienta un juicio por prevaricato a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
El paro civil se cumplió únicamente en el centro de las ciudades de los cinco departamentos, mientras que en barrios populares, mercados de abasto campesinos y zonas rurales las actividades fueron normales, según el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada.
La jornada de protesta de las organizaciones civiles-empresariales de derecha estuvo impregnada de actos vandálicos promovidos por grupos de jóvenes, algunos de ellos ebrios, que obligaron a mercados de abasto al menudeo a suspender sus labores, principalmente en las ciudades de Santa Cruz, Tarija y Trinidad (capital de Beni).
Los incidentes más graves se presentaron en las ciudades de Santa Cruz (este) y Trinidad, donde jóvenes se enfrentaron a golpes de puño, palos y piedras con comerciantes, quienes se opusieron a acatar el paro por los perjuicios económicos que les provocaría.
Imágenes registradas por la televisión mostraron cómo un vehículo conducido por un joven afín al opositor Comité Cívico Pro Santa Cruz atropelló deliberadamente a una persona que se negaba a cerrar su comercio.
En la ciudad de Cochabamba (centro) grupos de vecinos y organizaciones sociales marcharon en rechazo a la huelga civil y en apoyo al presidente Morales, mientras la policía desplegó a decenas de efectivos para evitar choques con vecinos pro huelguistas.
La protesta se cumplía con relativa calma en las ciudades de Sucre (sudeste) y en la fronteriza Cobija (norte), según reportes de televisión y radio.
El ministro de Gobierno aseguró que «este paro estuvo signado por la violencia», en un balance efectuado sobre la protesta civil.
La huelga civil estuvo precedida de una masiva marcha pacífica de indígenas pro gubernamentales el lunes en Sucre, en apoyo a la Asamblea Constituyente que no puede reiniciar sus labores, jaqueada por la presión local que le exige un artículo en la futura Carta Magna para ser sede de gobierno.
El foro deliberativo aprobó semanas atrás una resolución para excluir de su agenda de trabajo el traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo de La Paz a Sucre, una reivindicación acuñada por más de un siglo, tras perder la sede de estos órganos del estado en una guerra civil.
El gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) se opone a que la Asamblea delibere sobre el traslado de los dos poderes del Estado (el Judicial está en Sucre), pues considera que hacerlo provocará la desintegración del país y el rechazo de La Paz, la región más poblada de Bolivia y bastión electoral del presidente Morales.
Mientras tanto el Congreso continúa paralizado tras la trifulca protagonizada la semana pasada por diputados del oficialismo y la oposición tras la decisión del MAS de aprobar un juicio de responsabilidades a cuatro ministros del Tribunal Constitucional.
Pese a los ánimos caldeados en políticos, regiones y movimientos sociales, Morales llamó a los líderes cívicos de Chuquisaca y La Paz a dialogar sobre la demanda de los primeros por la capitalidad plena.