La moratoria de licencias de exploración y explotación representa un punto crucial en el desenvolvimiento de este régimen de gobierno. Primero, porque pareciera que es el único acto de reflexión en donde se denota una reacción seria para detenerse y reflexionar en el asunto y así evitar incurrir en más conflictos y mayores problemas de gobernabilidad. Segundo, la moratoria coincide también casi con el asesinato de un dirigente social en San Pedro Ayampuc, quién sabe si este fue el elemento que precipitó tomar una decisión como la moratoria. Tercero, puede ser un alto en el camino, para ver lo actuado en retrospectiva y visualizar hacia dónde y cómo proyectarse en el futuro.
La parálisis en el Congreso de la República y el mal entendimiento con el Ejecutivo; la crisis de pérdida de imagen y credibilidad del actual gobierno; el aparecimiento de más negocios oscuros pero redituables para la cúpula del gobierno; la autorización de los bonos por deuda flotante que se inscriben en una base extremadamente frágil y poco creíble –obras construidas y sin fiscalización sobre su certeza y algunas fuera del ámbito de los presupuestos anuales correspondientes- y en donde se visualiza otro negocio para los banqueros –quienes comprarán los correspondientes bonos-, y otro zarpazo para el enriquecimiento de los funcionarios y gobernantes; los conflictos recurrentes en materia de la exploración de minería no metálica, son un conjunto de problemas que pueden explotarle al régimen y hundir más su precaria capacidad de conducir y maniobrar a buen recaudo lo que resta de este gobierno.
Sin embargo, la moratoria, puede ser un punto de inflexión positivo que puede demarcar un comportamiento distinto a los otros problemas enunciados y podría ser sujeto de replicarse por la actual gestión. Seguramente, la moratoria parece causar muchas dudas en los activistas ambientales y es comprensible su posición, pero la moratoria puede significar una oportunidad importante para reestablecer la paz social en lo relativo a la minería metálica, buscando el diálogo abierto, informado, claro y directo con las comunidades; las autoridades municipales y los activistas ambientales.
Dentro de este espacio debe visualizarse una nueva ley de minería que incluya mecanismos de diálogo vinculantes, que no sólo refrenden aspectos del Convenio 169, sino además profundicen las interrelaciones con las comunidades afectadas, para que se discutan abiertamente las ventajas y desventajas de la minería en sus comunidades, cuáles son los aspectos relevantes al inicio y al final de la explotación, cuáles son los mecanismos de mitigación; cuáles serán los beneficios financieros para la comunidad, tanto en infraestructura social –centros de salud, escuelas, capacitación para el trabajo- como en empleo (directo e indirecto; calificado y no calificado); los réditos que obtendrá la municipalidad o las municipalidades (estableciendo el destino específico de dichos montos en beneficio de las comunidades y no que se diluyan en el bolsón presupuestario de las comunas).
El centro de esta oportunidad debe ser el diálogo, la forma de llevarlo, la información que se proporcione, la presencia activa de actores sociales notables que intermedien este proceso y la seriedad que implica una oportunidad como la presente. Si la moratoria no es más que una táctica dilatoria para tomar impulso y retomar la fuerza como el eje de la inversión, se perderá una enorme oportunidad para el país, la sociedad y las comunidades.