La iniciativa del presidente Otto Pérez Molina conocida como “moratoria minera” causó descontento entre ambientalistas, quienes cuestionaron la débil respuesta ante la conflictividad y empresas mineras, que vieron una limitación para sus operaciones, pero hasta la fecha el proyecto del Gobierno no ha avanzado.

Pérez Molina anunció que el Ejecutivo presentaría al Congreso una iniciativa de ley para establecer una moratoria de dos años a la emisión de nuevas licencias mineras. 

El objetivo, dijo el Presidente, sería aprovechar ese lapso para discutir y aprobar una nueva Ley de Minería que se adecúe a las condiciones actuales del país.

Según Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) este fue un mecanismo para que el Presidente se “lavara la cara”, ya que la presenta después de otorgar 7 licencias de exploración y 3 de explotación.

“Lo que pretendía es demostrarle a la gente que estaba del lado del pueblo por medio de una moratoria minera cuando había aprobado 10 megaproyectos mineros en el país, es un disuasivo para despistar al enemigo”, señala Maldonado.

Según el activista, el mecanismo dentro de esa disuasión era también entrar en una discusión del proceso de moratoria durante los dos años según el planteamiento, para que se discutiera el tema y al final se cumplieran los dos años y las licencias de exploración se convirtieran en explotación.

“Era un mecanismo más para favorecer a las empresas, en el cual el Presidente pretendía disfrazarse de oveja siendo un verdadero lobo en materia de otorgamiento y favoritismo a las empresas mineras”.

José Cruz del Colectivo Madre Selva indica que es un anuncio que se hizo oportunistamente por parte de Pérez Molina y que no ha tenido ningún efecto y que tampoco lo tendrá.

Según Cruz, después del anuncio del mandatario se continúa otorgando licencias mineras de exploración, reconocimiento y explotación, entonces es un anuncio absolutamente falaz que “puso en evidencia que el Presidente no tiene palabra y da declaraciones para pasar el rato, y entonces el movimiento social sabe claramente que no puede contar con la palabra presidencial en esos temas”.

FOCOS DE CONFLICTIVIDAD

Durante su mandato, el presidente Álvaro Colom declaró una moratoria a la minería, por lo que no extendió licencias de explotación a cielo abierto. Las actividades mineras han sido foco de conflictividad social en los últimos años y hasta ahora los problemas no han sido resueltos por el Gobierno.

Álvaro Colom aseguró que durante su mandato no se otorgarían nuevas licencias mineras para evitar la conflictividad social en las comunidades con potencial extractivo. Esa política cambió con Otto Pérez Molina al frente del Gobierno y una nueva visión sobre los proyectos extractivos en el Ministerio de Energía y Minas.