El presidente Evo Morales afrontaba hoy multitudinarias protestas callejeras en la peor crisis política desde enero, tres días después del violento desalojo de indígenas amazónicos que protestaban por la construcción de una carretera.
La Central Obrera Boliviana (COB), exaliada del gobierno, llamó a una huelga en rechazo a la represión de los indígenas. El paro era acatado en las principales ciudades y acompañado con masivas marchas, las mayores desde enero cuando el mandatario decretó un aumento en el precio de los combustibles que después derogó ante el rechazo popular.
A diferencia de las ocasiones anteriores, hoy se volcaron a las calles sectores populares que antes apoyaban al mandatario y ahora se muestran desilusionados. Mineros hacían detonar dinamita a su paso mientras la columna se acercaba al centro de La Paz encabezada por obreros, indígenas, maestros y universitarios. La policía se mantuvo alejada de los manifestantes.
La violenta represión del domingo desencadenó la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón y del titular de Gobierno, Sacha Llorentí, además de otros dos funcionarios, en desacuerdo por la forma en que el gobierno manejó la protesta indígena.
«Evo era un símbolo muy fuerte para mucha gente, encarnaba principios de justicia, de derechos humanos, pero ahora esa gente está desencantada. Evo ya no expresa esos principios. Eso ha cambiado», dijo a la AP Jim Shultz del Centro para la Democracia, una organización no gubernamental con base en Estados Unidos y Bolivia.
Morales llegó al gobierno en enero de 2006 en medio de una prolongada crisis política que derrumbó a los partidos tradicionales. En octubre de 2003 murieron en las calles 63 manifestantes y la revuelta popular obligó a dimitir al gobierno derechista de Gonzalo Sánchez de Lozada.
En 2008 desarticuló un supuesto complot de la derecha para derrocarlo, arrasó en las urnas en cinco elecciones y emprendió audaces reformas como la nacionalización de los hidrocarburos y la sanción de una nueva constitución que consagró un «Estado plurinacional» con más poder para las mayorías indígenas.
Pero su popularidad comenzó a mermar al iniciar su segundo período en enero de 2010 cuando alcanzó 70% de apoyo. En septiembre, en plena crisis por la carretera en la amazonia, su nivel de aprobación cayó a 37%.
El mandatario se tornó desconfiado, arrogante y contradictorio, según analistas. Aunque con frecuencia asegura que gobierna obedeciendo al pueblo, ignoró los reiterados pedidos de los indígenas que rechazan la construcción de la carretera de 300 kilómetros que atravesará el corazón del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para vincular los valles interandinos en el centro con la amazonia en el norte. La reserva es hogar de tres etnias y los nativos temen perder su hábitat.
El lunes anunció la suspensión temporal de la construcción de la ruta y recompuso su gabinete con gente de su entorno a pesar de los pedidos de sectores sociales afines para que diera un golpe de timón.
«Morales está viviendo una situación crítica. No creo que vaya a caer porque no hay oposición política. Continuará más débil mientras la oposición social irá creciendo. Sólo le queda reconstruir su gobierno incorporando las voces críticas de las calles», dijo Shultz.
Las disidencias llegaron al Legislativo, dominado por el partido de gobierno. «El proceso de cambio está herido de muerte y tenemos que salvarlo. No podemos convalidar de manera obsecuente y servil con nuestro silencio y nuestro miedo», dijo el senador oficialista Eduardo Maldonado.
Morales ha atribuido el rechazo popular a la influencia de elementos externos. El martes, cuando tomaba juramento a dos ministros, llamó a los sectores sociales «no ser instrumentos de la derecha que quiere acabar con el proceso de profundas transformaciones estructurales».