Expertos en temas jurídicos lamentan la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones que otorgó una medida sustitutiva a Jacobo Salan, ex militar implicado en el multimillonario desfalco al Ministerio de la Defensa durante el Gobierno de Portillo.
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La Sala Tercera otorgó a Salan una fianza de Q1 millón, revocando con ello el fallo del juzgado Quinto de Primera Instancia, el cual consideró que había peligro de fuga por parte del ex militar implicado en el traslado de Q30 de los Q120 millones desfalcados en el período de Portillo.
Javier Monterroso, del Centro de Análisis Jurídicos, opinó: «Nuevamente vemos cómo el sistema de justicia es incapaz de resolver casos donde hay políticos o personajes fuertes implicados».
El analista considera que «ciertas Cortes» y el sistema de justicia en general «están diseñados para mantener la impunidad a favor de ciertos delitos y ciertos tipos de imputados», además, explica que no es la primera vez que los tribunales del país favorecen a los Salán. Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Pro Justicia, calificó de «lamentable» la decisión de esa Sala ya que otorga liberad a «un personaje vinculado con un grupo de poder oculto».
Sin embargo, Ibarra, quien además fiscalizó los procesos de postulación de magistrados para Cortes de Apelaciones, opinó que Sergio Lima, integrante de la Sala Tercera, «fue vinculado con estructura de grupos de seguridad, y no es la primera vez que coincide con Jacobo Salán porque trabajó para cuerpos de seguridad del Estado».
La entrevistada explicó que durante el proceso de postulación, Lima fue tachado «en forma tardía por haber laborado en la PNC en una época que esa estructura de seguridad funcionaba como cuerpo paramilitar y participaba en las violaciones de derechos humanos, y él (Lima) trabajaba en un puesto muy sensible que era el Gabinete de Identificaciones», dijo.