La legisladora Nineth Montenegro acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC) para solicitar por escrito y formalmente, que por «desobediencia» se cumpla con la destitución de Bienvenido Argueta, ministro de Educación Pública.
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Seguidamente, se realizó la misma petición ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la confianza que, por la vía de las dos instancias legales, la ley se cumpla y no se ignore la delicadeza legal que representa el caso Mi Familia Progresa (MiFaPro).
La acción extrema de la diputada se debe al retardo y la oposición mostrada por el titular de la cartera de Educación, quien no cumplió con la resolución dictada en el proceso de amparo que promovió.
Este amparo ordenaba al Ministro de Educación entregar los datos de los beneficiarios de MiFaPro, para que se proceda a la fiscalización. Ayer, Montenegro recibió en su oficina las cajas que contenían los datos, pero con la casilla vacía de los datos del documento de identificación.
La diputada Montenegro hizo eco en la publicación de ayer de Diario La Hora, en que revelaba estas inconsistencias, sobre que los listados carecían del documento de identificación, además de que se entregó en forma desordenada, tal y como publicó este vespertino.
Diario La Hora informó que, según el listado que se publicó en el sitio Web de MiFaPro, se habrían erogado, al menos, 981 millones de quetzales en este programa, hasta diciembre del año pasado. Sin embargo, Montenegro indicó que ella supone que se ha erogado más.
Nineth Montenegro, dijo que posiblemente sería corta la publicación de Diario La Hora sobre la erogación de Q981 millones en Mi Familia Progresa, cifra que se podrá confirmar hasta que sea elaborado un análisis sobre la documentación parcial enviada por el Mineduc.
«Son 1 mil 300 millones de quetzales efectivos los que se han destinado para ese programa de Cohesión Social», indicó Montenegro y que ha ido subiendo y seguirá subiendo porque hay mucha presión fiscal, consideró.
«No podemos deducir hasta ahora qué es lo que en el fondo está pasando, pero sí sabemos que algo extraño está pasando adentro del programa MiFaPro», insistió como en días pasados.
Asimismo, este vespertino indicó que había más de 44 mil registros repetidos, pero que, al carecer de la información de los datos del número de cédula, no se puede establecer si se trata de homónimos o de duplicaciones.
Montenegro indicó que, según sus cálculos, esta cifra sería parecida a la que ella ha estimado en duplicidades u homónimos. En el listado recibido ayer en su oficina no se establece el documento de identificación en el 99 por ciento de los beneficiarios
«Le da eso mismo que nos vuelve a dar a nosotros: miles de casos repetidos que pudiera ser la misma persona, que pudiera implicar duplicidad de transferencias», explicó.
También, evaluó que más alejado de la realidad está lo que ha dicho el Contralor General de Cuentas, quien ayer dijo «que apenas son mil y tantos casos», resaltó, porque aunque así fuera representan Q400 mil mensuales que al año suman varios millones, evaluó.
Tampoco aparece la dirección exacta de los beneficiarios que permitiría localizar a las familias y transparentar la entrega de dinero, «burla a la sociedad guatemalteca que tiene derecho a acceder a la información. Cómo es posible que la misma información de Internet es la que trasladaron en seis cajas», preguntó.
REPUBLICA DOMINICANA
En presentación visual y escrita, el equipo de trabajo de la legisladora proyecto cómo es el caso de República Dominicana par la ayuda social, país caribeño donde en la red de Internet cualquier ciudadano accede a la ficha de cada beneficiario.
Es así, que cada persona está identificada con fotografía y sus datos aparecen en totalidad y se registra lo que en Guatemala las autoridades no quieren mostrar: «la dirección exacta del domicilio, su número de cédula de vecindad y todos los datos referentes para su localización», mostró.
Otro cuestionamiento que, paralelamente puso como ejemplo la diputada, es la tramitación de la nueva tarjeta prepago del transporte «TransUrbano», que piden información, fotocopia de documentos e información familiar, y eso que se trata de una empresa privada.
«Si eso están haciendo con personas que están pagando por un servicio, porqué en Mi Familia Progresa no es así», criticó, y agregó que si una empresa lo hace, aún más lo debe hacer un programa que utiliza fondos públicos.
Ese reproche se debe a que los programas sociales con mayor razón deberían estar documentados, porque se trata de beneficio social gratuito, donde está en juego los tributos que se depositan en manos de las autoridades de gobierno que deberían transparentar todas sus acciones, consideró.
SEGUIMIENTO
El tema ha tenido vigilancia y seguimiento de la diputada Nineth Montenegro, quien desde octubre de 2008 inició solicitudes de información sobre los avances y crecimiento de los distintos programas especie que se desprendieron del género Cohesión Social.
Sin embargo, desde el nacimiento de la política del Organismo Ejecutivo de llevar supuestamente asistencia a los cinturones de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, han sido fallidos los intentos por obtener los datos y las cifras del dinero invertido.
Similar situación a la que se atraviesa con el actual ministro de Educación, ocurrió con la ex ministra Ana Ordóñez de Molina, a quien desde el 29 de julio de 2009 requirió los informes de los beneficiarios de «MiFaPro», pero no obtuvo respuesta positiva.
Posteriormente, Ordóñez renunció al cargo y fue a partir de ese momento que inició nuevos intentos con Bienvenido Argueta al frente de la cartera, pero los intentos por fiscalizar íntegramente los fondos no han alcanzado el éxito, ni siquiera durante la pasada interpelación.