Nineth Montenegro dio a conocer que luego de un análisis legal, lo que corresponde es solicitar a la Corte Suprema de Justicia que haga ejecutar el amparo que resolvió la Corte de Constitucionalidad a su favor para que así pueda obtener la información de «Mi Familia Progresa».
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Esto lo dio a conocer luego de contemplar la resolución ministerial de Educación Pública 36-2010 publicada el pasado viernes que trata de limitar el acceso a la información de los beneficiarios de dicho programa a partir de 2016 y no antes como pretende la legisladora.
Si la máxima autoridad de la justicia guatemalteca no ejecutara dicho amparo, en los tres próximos días, tendría que recurrir nuevamente a la Corte de Constitucionalidad (CC) y plantear una queja jurídica porque estarían cayendo en el delito de desobediencia, analizó Montenegro.
La diputada criticó que nuevamente el Gobierno demuestra irrespeto a las leyes e incluso el desacato a la orden dictada por la C.C. para que ella reciba los datos, porque el objetivo es verificar que las personas seleccionadas existan.
También que llenen los requisitos, cumplan con los mismos para ser beneficiarios del programa, cumplan con las corresponsabilidades estipuladas, pero también conocer el proceso de entrega de las transferencias condicionadas, y verificar los recursos humanos, medicinales y equipo para prestar servicios médicos mínimos, se lee en el documento proporcionado «Fiscalización in situ».
REACCIí“N
í‰dgar Rosales, vocero de «Mi Familia Progresa», cuestionó una vez más la clásica mentira a la que ya se ha acostumbrado la diputada evidenciando su mala fe al referirse a la segunda información de la parlamentaria por la compra de magdalenas para la época navideña.
Rosales asegura que a la legisladora se le entregó la información donde prueba que se declararon desiertas las dos ofertas para elaborar ese pan navideño, tanto de la primera fábrica que presentó precio elevado como el rechazo de elaboración a Discopo Sociedad Anónima.
El vocero de MiFaPro reiteró que la información de los concursos se encuentran en la página virtual de Guatecompras, como demostración contraria a la que ofrece la parlamentaria.
Fueron 5 mil 600 magdalenas las que se compraron a través de compra directa y el costo fue de Q56 mil y no más como se pretende hacer creer a la ciudadanía, reprochó.
«Ya es el colmo, la diputada tergiversa toda la información por gozar del derecho de irresponsabilidad en sus declaraciones», resaltó Rosales.
Montenegro hizo observación que el Gobierno pagó Q875 mil por 50 mil magdalenas a la empresa Discopo S.A. Que su segundo nombre comercial es «El Mundo del Zapato», negocio que aparece en el Registro Mercantil pero al remitirse a la dirección de su domicilio es un taller de mecánica ubicado en la zona 9 de la capital.