Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, entregó al Contralor General de Cuentas (CGC), una investigación referente a la utilización de servicios profesionales de abogados que habrían promovido más de 60 amparos en contra de ella por fiscalización de los programas sociales.
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Montenegro explicó a Carlos Mencos, jefe de la CGC, que para accionar contra ella habrían utilizado dinero del Estado para pagar esos honorarios y que hicieron firmar documentos en blanco a beneficiarias de los programas de «Mi Familia Progresa».
En la reunión, la legisladora exhibió un video en el que el Contralor escuchó el testimonio de una beneficiaria quien aseguró que hubo amenazas de cortar el beneficio de la bolsa solidaria, en caso se negaran a firmar las hojas que utilizaron para redactar los memoriales en su contra.
Para esos fines, dijo Montenegro, hay que investigar quién autorizó el gasto de más de Q86 mil para esos fines y si los profesionales del derecho trabajan para el Estado o fueron contratados.
Carlos Mencos anticipó que investigará, aunque es difícil si fueron contratados bajo el renglón 029, pero distinto y se puede accionar legalmente si los profesionales están contratados con el renglón 011 que es de forma permanente.