DESDE LA REDACCIí“N
Muchas veces se ha dicho sobre el dominio que tiene el sistema de transporte en el país. Ya para nadie es un secreto cómo se dibuja en el imaginario guatemalteco ese indomable monstruo al que miles de chapines deben someterse todos los días para movilizarse. Esa coacción quedó de manifiesto cuando, aunque haya un decreto oficial y en vigencia sobre la regularización de las tarifas de rutas cortas, a los empresarios de dicho sector, no pareció importarles mucho y haciendo caso omiso al mandato continuaron cobrando los precios que se les dio la gana.
Un asiduo lector de este vespertino dijo con cierta frustración la forma en que son obligados, casi extorsionados, en sus propias palabras, a pagar cada vez un precio a todas luces injusto por intentar ingresar a la ciudad capital, en su caso, desde Villa Nueva.
No hace mucho, cuando esos autobuses llegaban hasta la 20 calle de la zona 1, los villanovenses pagaban Q2. Pasado un tiempo fueron trasladados a una estación ubicada en El Trébol, y aunque el recorrido sería menor, los transportistas le incrementaron Q0.50 a la tarifa. Luego, con la llegada del Transmetro y en la reorganización de las rutas, los autobuses llegaban únicamente a la Central de Transferencias, otra vez un recorrido menor, no obstante el precio llegó a Q3.50.
No conformes y viendo la facilidad con la que podían imponer sus precios a sabor y antojo, unos días antes de los pasados comicios el boleto llegó a costar Q4.50. Fue el colmo. Los villanovenses en su frustración se manifestaron contra ese abuso, y aunque hubo una que otra forma de reclamo, los transportistas con el mango tomado a su favor, amenazaron en que su intención era cobrar Q5. Y tienen razón, porque nadie puede detenerlos.
El caso de ese municipio, que es de los más poblados del departamento central, es tan sólo un tentáculo del monstruo. Lo mismo sucede en los autobuses que ingresan por Palencia, Chinautla, San Juan Sacatepéquez, Pinula, etcétera. Amparados en un argumento un poco estirado sobre el precio de los combustibles, estos transportistas se aprovecharon para incrementar de Q0.50 hasta Q2.00 el precio justificándose en que los costos se elevaron.
Si fuese, por ejemplo, un servicio modelo, seguro y cómodo para el usuario, sin duda habría una recepción menos desagradable para el usuario que diariamente se somete a pilotos irresponsables y abusivos, en unos autobuses contaminados de basura y equipados con unos equipos de sonido ensordecedores, además de ayudantes ofensivos. Eso, agregándole además las deficiencias físicas del transporte: asientos en paupérrimas condiciones, desagradables olores, y un sistema mecánico incierto. No por nada, la mayor parte de los accidentes colectivos en la ciudad capital son protagonizados por estos autobuses. Si esa es la condición del servicio, ¿cuáles son los costos que deben cubrir? ¿No es extraño que cuenten con recursos para preferir pagar las multas de Q25 mil impuestas por su incumplimiento?
Si uno se atreviera a hacer números, no los que ellos hacen en los anuncios publicados esta semana. No, si se hicieran las cuentas reales de lo que se invierte y lo que diariamente se gana, quizá uno se daría cuenta del enriquecimiento injustificado que tienen los transportistas, que durante años han visto en este servicio el negocio de sus vidas.
El Gobierno reactivó la eterna discusión entre transportistas y la Dirección General de Transporte, intentando poner un alto a los abusos y obligando a cobrar los precios más o menos justos. No se cumplió, y toda la semana usuarios fueron objeto de insultos o amenazas cuando querían sentirse protegidos bajo ese decreto y pagar lo que era conveniente. Nadie cumplió las ordenanzas, más bien se hicieron de la vista gorda. Pero algo lamentable es que también se haya invertido en publicitar el «logro» de regular las tarifas de las rutas cortas, argumentando que es una «tarifa solidaria» cuando esta nunca llegó.
Algo es cierto, y es que el transporte nunca llegará a un mínimo de satisfacción de los usuarios, y la forma en que operan las rutas cortas es tan sólo un pequeño ejemplo de lo podrido que está el sistema para transportarse, y del acomodamiento en que se encuentran los transportistas, que aunque cuentan con procedimientos que deberían fiscalizar su rendimiento, siempre hacen lo que quieren y el que de último paga el pato siempre es el ciudadano de a pie. Pero, en este país cada quien hace lo que quiere.