El trámite legislativo de varias leyes que contemplan la apertura de los monopolios estatales, será el nuevo centro de la controversia política en Costa Rica, luego de que el gobierno decidiera convocar a un referendo sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Tras casi tres años de una enconada disputa entre quienes apoyan la ratificación legislativa del TLC y quienes la rechazan, el presidente Oscar Arias anunció el viernes la decisión de convocar a un referendo sobre el tema, que podría realizarse entre agosto y setiembre próximo.
El anuncio del gobierno fue precipitado por una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que autorizó a un grupo de ciudadanos a recolectar firmas para convocar a la consulta popular, que hasta entonces había sido descartada por el oficialismo.
Sin embargo, el gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) y sus aliados en el Congreso adelantaron que seguirá adelante el trámite de trece proyectos de ley que son requisitos para la vigencia del TLC y que incluyen la ruptura de los monopolios estatales de telecomunicaciones y seguros, así como nuevas normas de protección a la propiedad intelectual.
La jefe de fracción legislativa del PLN, Mayi Antillón, declaró a la prensa que antes del 30 de abril estarán en la corriente legislativa ocho de los trece proyectos.
La posición de Antillón fue respaldada por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, quien estimó que -de ser aprobado el TLC en el referendo-, será indispensable que estén aprobadas las llamadas leyes de implementación.
Sin embargo, el opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), la segunda fuerza en el Congreso, abogó por que se retiren de la agenda legislativa todos los proyectos de ley relacionados con el TLC.
«Estar paralelamente discutiendo en el Congreso proyectos de ley que forman parte de la esencia misma del TLC, significaría socavar el referendo», dijo a la AFP el excandidato presidencial y líder del PAC, Ottón Solís.
El subjefe de la fracción legislativa del PAC, Alberto Salom, dijo por su parte que antes de que el Tribunal Supremo de Elecciones abriera el camino a la convocatoria del referendo y ante el crecimiento de la oposición al TLC, ya el gobierno venía planteándose la posibilidad de acelerar la aprobación de las leyes de implementación.
Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), una de las organizaciones sociales más beligerantes en contra del acuerdo comercial, exigió que se suspenda el trámite de esos proyectos de ley.
«Existe una íntima vinculación entre los proyectos de ley de la agenda de implementación del TLC y éste. Por tanto, sería un verdadero fraude a la voluntad popular permitir una decisión por medio del referéndum, pero a la vez aprobar partes del TLC a través de los proyectos de ley que desarrollan los contenidos y exigencias de ese inconstitucional TLC», sostuvo la organización gremial.
Tanto la ANEP como otras organizaciones sociales opuestas al TLC advirtieron que no renunciarán a las manifestaciones callejeras ni a otras formas de movilización popular para expresar su rechazo al tratado de libre comercio con Estados Unidos.