Una monja se convirtió hoy en la primera persona que comparece ante un juez por su presunta implicación en una trama de robo de bebés que afecta a todo el país, cuyos alcances y número de afectados están por determinarse.
En una reunión con asociaciones de víctimas, el gobierno anunció la creación de un censo de posibles niños robados y admitió que las pruebas de ADN que algunos posibles afectados se hicieron por su cuenta se incorporen a la base de datos pública del Instituto Nacional de Toxicología para su cotejo.
Sor María Gómez, de 80 años, acudió a los juzgados de Madrid rodeada de una gran expectación mediática, pero se acogió a su derecho constitucional de no declarar.
Algunas de las víctimas esperaban a la monja, vestida con su hábito, para increparla y calificaron de «atrocidad» su decisión de no testificar.
Gómez es la primera persona investigada en España por una red que se cree robó una cantidad de bebés de las salas de maternidad hospitalarias y los entregaba ilegalmente en adopción a cambio de dinero.
Para perpetrar los robos, hacían creer a los padres biológicos que sus hijos habían muerto poco después de nacer. Aunque en otras ocasiones, simplemente los arrebatan bajo amenazas y a los padres adoptivos se les decía que eran bebés abandonados.
Los casos investigados comenzaron durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y se prolongaron hasta mediados de los años 80, bien entrada la democracia.
En total, se han presentado 1.500 denuncias en las fiscalías de todo el país pero todavía no se ha podido cuantificar el número de afectados por estos hechos, en los que supuestamente están implicados religiosas, enfermeras, empresarios, médicos y abogados.
Según la Fiscalía General del Estado, los tribunales regionales han abierto diligencias e investigaciones preliminares en 300 casos. En muchas ocasiones, la justicia se topa con que el delito, de haberse cometido, ya habría prescrito.
En la causa que afecta a Gómez, el magistrado Adolfo Carretero le acusa de los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público por haber arrebatado un bebé a su madre en el año 1982, en la ya extinta clínica de Santa Cristina de Madrid.
Aquel bebé es hoy una mujer de 30 años, que logró encontrar a su madre biológica María Luisa Torres tras una búsqueda intensiva en la que contó con la ayuda de su padre adoptivo.
Según la denuncia de Torres, la monja le quitó a su hija «por adúltera». El caso está todavía en fase de instrucción, a la espera de que llegue definitivamente a juicio.
En su entrevista con representantes de varias asociaciones de afectados, el gobierno se comprometió a resolver todos los casos en la medida de lo posible.
En concreto, se anunció la creación de un censo de posibles niños robados. Las fichas, previo consentimiento, se remitirán al Ministerio de Sanidad con datos relativos al nacimiento o parto para que puedan cruzarse con los informes que constan en el historial clínico de la paciente o en otro documento hospitalario.
Además, el Instituto Nacional de Toxicología fijará unos criterios para admitir en su base de datos los análisis de ADN que se han hecho los afectados en laboratorios privados. Una medida que facilitará el cotejo de muestras para la identificación.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, advirtió en rueda de prensa que el camino para resolver esta causa será «largo y complejo», pero aseguró que el gobierno no «va a desfallecer».