Mi abuelo me contaba que a los contralores de cuentas en tiempos de Jorge Ubico, los funcionarios y empleados públicos les tenían pánico no tanto porque donde ponían el ojo ponían el reparo, sino porque aunque en ese entonces las ciencias de la administración pública y de empresas privadas no habían alcanzado los avances de hoy en día, ¡Dios guarde! a quien se saliera de la tangente en el manejo de fondos públicos, porque el mismo Presidente no se tentaba el alma para citarlo a su despacho y darle una buena jaboneada y si mucha había sido su largueza, entonces sus huesos iban a parar a las bartolinas de la Penitenciaría Central.

Ahora, las cosas han cambiado por la desfachatez y cinismo que caracteriza a nuestros políticos, quienes a pesar de enviar expedientes o consultas específicas a la Contraloría General de Cuentas, tal y como recientemente ocurrió con el Ministerio de Gobernación, cuando el dictamen por la compra de materiales y equipo no convino a sus intereses, la respuesta fue que el mismo no era “vinculante” sino una simple opinión, por lo que según su leal saber y entender podían hacer lo que más les conviniera, transgrediera o no la Ley de Compras y Contrataciones del Estado o cualquier otra disposición legal que se les atraviese en su camino. 
Esa es la dura realidad. Toda disposición legal en el manejo de los fondos públicos que contravenga a los intereses de los mandamases, olímpicamente les importa un pito. Y no contentos con ello, ahora coincidente y oficiosamente, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso dispuso meterle mano a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, incluyendo a los puntos que vendrían a frenar o hacer retroceder todavía más el funcionamiento eficaz y efectivo de este ente, cuando lo que la población anda buscando es que el Congreso de la República, promulgue de una vez por todas el cúmulo de disposiciones de transparencia que siguen engavetadas, evitando así   poderle atar las manos a tanto politiquero que sigue creyendo que llegar al poder es para servirse y no a servir a su comunidad.
Si a nadie con dos dedos de frente le pareció aquel aumento de sueldo que desproporcionadamente se concedió al puesto de Contralor de Cuentas porque podía conllevar el quererse ganar la buena voluntad del titular del cargo, ¿quién podrá estar de acuerdo con el inoportuno intento de menoscabar las facultades de la entidad descentralizada, fiscalizadora de ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipales, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas? ¿Será coincidencia que en los momentos álgidos que estamos viviendo por el endeudamiento estatal se quiera impedir la fiscalización de contratistas de obras públicas o esa es la estrategia dictada por el partido oficial?