La división profunda entre los llamados empresarios del transporte urbano ha salido a flote ahora que grupos muy representativos del negocio han dispuesto paralizar el servicio para reclamar por la forma en que se asignan y distribuyen los fondos millonarios que el Estado destina al subsidio de los autobuseros. Y esa división permite transparentar algo que se ha sabido desde siempre pero que los gobiernos se han empeñado en ocultar, es decir, que el subsidio es una fuente de enriquecimiento no sólo ilícito sino inmoral por la forma en que se maneja y por la burla que constituye para los usuarios que están condenados a sufrir las deficiencias de un anacrónico e insufrible modelo para la movilización masiva.

La ciudad de Guatemala no puede quejarse de que por los sucesivos cambios políticos no se da continuidad a programas de largo plazo. Desde 1986 el Municipio ha estado bajo el control del mismo grupo político fundado por el actual y casi Alcalde vitalicio, Álvaro Arzú, lo que significa que llevamos más de un cuarto de siglo con el mismo equipo dirigiendo la comuna y lejos de que en el tema de transporte hayamos logrado emprender políticas de largo plazo y con visión de futuro, estamos todavía arrastrando el viejo modelo de concesionarios que se llaman a sí mismos empresarios.
 
 Yo creo que este problema que ahora afloró debe servir para un serio planteamiento que permita la sana y correcta utilización de los recursos públicos para financiar un modelo de transporte diferente, propio de una ciudad con aires metropolitanos como Guatemala en este tercer milenio que ya pasó de sus albores. En otras ciudades latinoamericanas se han emprendido trabajos para dotar a la población de medios modernos para facilitar el transporte colectivo y ello alivia en mucho presiones de todo tipo que para los usuarios guatemaltecos son el pan nuestro de cada día. Aquí existe anarquía, inseguridad, irrespeto y serias dificultades viales simplemente porque a falta de medios efectivos, cada vecino tiene que ver cómo logra comprar un su pichirilo porque no se puede depender de un modelo tan arcaico e ineficiente.
 
 Ciertamente se está trabajando en los ramales del Transmetro al que se le da prioridad sobre el tránsito de vehículos particulares, pero sus resultados son insuficientes dada la demanda existente. Por si eso fuera poco, se trata también de otro asunto en donde la falta de transparencia aflora, puesto que los buses de ese sistema no se compran de acuerdo a las normas de fiscalización que demandan licitaciones para adquirir bienes públicos, sino que se hacen mediante la figura del arrendamiento con opción de compra, mismo que está fuera de la fiscalización correspondiente. Es cierto, sin embargo, que nuestra gente ha adoptado la postura cínica de admitir que se hagan trinquetes si a cambio se recibe algún beneficio y esa premisa se ha aplicado al Transmetro.
 
 El tema del transporte cae en una decisión largamente aplazada para constituir la autoridad del área Metropolitana porque los problemas de la capital han trascendido los linderos de la jurisdicción municipal. Hace falta una visión integral y futurista para proponer alternativas serias que pueden sonar caras, pero no lo serán tanto como ese costo de estar tirando millones y millones en un subsidio que, ya lo dicen los mismos transportistas, sirve para malos manejos y distribuciones que nada tienen que ver con la finalidad de esa política de Estado.
 
 Si se habla de invertir bien el dinero para ayudar al usuario de transporte es fundamental que se reasignen los fondos para la creación de una entidad que, como en la mayoría de ciudades del mundo, se haga cargo del control y prestación del servicio de transporte colectivo.