Carlos Molina Mencos es un abogado puntilloso, coautor de la Constitución de la República como Constituyente y defensor de sus preceptos en la forma más clara y categórica. No sólo lo hace ante la Corte de Constitucionalidad sino también por otros medios, como una polémica privada que sostuvo recientemente con el Muso Ayau por el tema de Pro Reforma. Ayer me envió un correo electrónico respecto a mi columna sobre los fideicomisos que considero indispensable reproducir.
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Deliberadamente no quise puntualizar en algún fideicomiso en particular porque sostengo, como bien lo dice Carlos, que TODOS los que constituyen las entidades públicas son ilegales y tapaderas de corrupción. Si uno hace énfasis en alguno de los existentes, implícitamente está dando a entender que los otros no son «tan malos» y mi tesis es que no hay ninguno bueno porque es malévola la intención que se tuvo al crearlos. Cierto que, como dice Carlos Molina Mencos, el Ministerio de Finanzas los trata de justificar y lo mismo hace el gobernante, no obstante que en campaña criticó esa forma de proceder por su nula transparencia. Repito mi tesis de que los fideicomisos se han convertido en un enorme juego de corrupción en el que participan no sólo funcionarios públicos sino profesionales del derecho y banqueros que se benefician a sabiendas de que es una enorme olla de podredumbre. Y el correo de Molina Mencos me reafirma en la postura de que nadie dice nada porque los que entienden la jugada generalmente se están beneficiando con ella. El correo dice así: «Estimado Oscar Acabo de leer su artículo «Fideicomisos: tapadera de la corrupción» como siempre lo felicito por su valentía y claridad de conceptos. El Ministerio de Finanzas ha tratado de justificar la creación de fideicomisos diciendo que hay fideicomisos privados y estatales cuando, como usted dice, los fideicomisos estatales simplemente no existen, no los contempla nuestra ley, ni en el derecho ni la doctrina. Son simples excusas para apañar actos de corrupción. Si nos damos cuenta cuando el Estado, las municipalidades y otras entidades descentralizadas constituyen un fideicomiso sin seguir el procedimiento de subasta pública, oferta pública, u otros procedimientos en los que los oferentes puedan presentar sus ofertas se está violando el Artículo 124 de la Constitución Política de la República y por consiguiente se está generando un rompimiento del orden institucional lo que implica un golpe de estado, por lo que lo único que me atrevería agregar a su artículo es cuando hace la pregunta de «Â¿Cómo es posible que en Guatemala continúa campante el uso del fideicomiso sin que ni los entes fiscalizadores, ni el Congreso de la República o la población hagan en realidad algo para corregir el desorden?» es ampliarla preguntando ¿Cómo es posible que bancos y entidades financieras aceptan ser fiduciarios sabiendo que el estado no puede enajenar sus bienes? ¿Cómo es posible que notarios se presten a autorizar actos que saben que son contrarios a la Constitución Política de la República y a la Ley de Contrataciones del Estado? Le agradezco su artículo porque creo que solo creando consciencia del daño que ocasionan los llamados fideicomisos estatales podremos lograr que se termina esa práctica que como usted dice solo sirve para preservar toda una estructura diseñada para incrementar la corrupción en el país. Con un cordial saludo Carlos Molina Mencos»