Exconstituyentes y expertos en derecho constitucional se oponen a la reforma de la Carta Magna impulsada por el Organismo Ejecutivo, pues carecería de fundamento, estaría mal planteada, sería de poco alcance y tendría riesgos de caer en tintes totalitarios difíciles de revertir en el futuro.

La aprobación de la reforma constitucional propuesta por el Gobierno sería “el principio del fin de la República de Guatemala” tal como se conoce, dijo el ex constituyente y experto en el tema Carlos Molina Mencos, quien afirmó que esa propuesta llevaría al país a un Estado totalitario porque “la nación” pasaría a una posición superior a la de las personas.

El entrevistado subrayó que la iniciativa del Ejecutivo carece de fundamento, porque el hecho de que la Constitución tenga 27 años no es una razón suficiente para pretender modificarla, pues existe en otras latitudes una carta fundamental de más de 200 años. Es una propuesta “estúpida”, agregó.

Por aparte, Molina Mencos demandó que el diputado y también ex constituyente Oliverio García Rodas, quien funge como presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, se inhiba de conocer el proceso, pues formó parte de la comisión que armó el Ejecutivo para hacer la propuesta, por lo que no debería, por ética, ser juez y parte.

El abogado dijo que mantiene la esperanza de que si en el Legislativo se aprueba la consulta popular para reformar la Constitución, incluso de manera exprés como los últimos decretos, espera que la población la rechace, como ocurrió en 1999, en otro intento de reforma.

“Indispensable, no es”, dijo Catalina Soberanis, también ex constituyente, quien agregó que la Carta Magna necesitaría modificaciones más de fondo que las que propone el gobierno, porque las reformas del equipo de Pérez Molina “fueron recortadas”, por lo que considera que no vale la pena hacer “un gran esfuerzo” para la reforma cuando los cambios no son sustanciales. Agregó que la Constitución de 1985 fue elaborada en un contexto social completamente diferente al actual, en el marco de la Guerra Fría y con un Estado contrainsurgente, por lo que motivaría a readecuarla.

La también exfuncionaria señaló que la consulta popular debería hacerse con suficiente tiempo de antelación a las próximas elecciones, pues de lo contrario, ocurriría lo de 1999, cuando la consulta popular se habría convertido en un referéndum para el gobierno de entonces, y se quitaría atención a los temas que la propuesta incluye. Adicionó que ya la Comisión presidida por García Rodas realiza foros, pero el resultado depende de a quién se invite a participar.

DESNATURALIZA A LA PERSONA
Gabriel Orellana, experto en Derecho Constitucional, dijo que la reforma presentada es “antitécnica”, y que abre las puertas a un Estado totalitario, donde prevalece el interés del Estado sobre las personas. Señaló que se incorporan elementos que “nada tienen que ver” entre un artículo y otro, como el que habla de la persona y la familia y al que se agregan elementos que definirían a la nación guatemalteca.

Desde la perspectiva de hermenéutica constitucional, “tiene el grave defecto de que crea distorsión, porque no vamos a saber dónde prioriza la supremacía de la persona humana o a la nación”, según el abogado el balance conceptual se pierde e introduce un elemento semejante al del derecho nazi, al desnaturalizar a la persona e introducir un elemento nuevo que es la nación.

El experto considera que no debería extrañar que en el Congreso se aprobara la consulta popular de urgencia nacional, y que incluso parte de la población votara por el “sí” a cambio de la asistencia social en los programas de gobierno. Sin embargo, llamó la atención también sobre los artículos que los diputados podrían modificar.

Orellana hizo resaltar que la mayoría de la población desconoce el texto constitucional, según un estudio del CUNOC. El jurista manifestó que las reformas constitucionales deben llevarse a cabo en períodos clave, y que por el momento no existen condiciones para modificar la Constitución.

PREMIA A MAL PORTADOS
El experto constitucional Rodolfo Rohrmoser, enfatizó que la propuesta oficial de reforma “premia a quienes se han portado mal”, como las municipalidades y la Contraloría General de Cuentas, a cuyas entidades incrementa el presupuesto fijado en la Carta Magna, pues según indicó, esas instituciones no han administrado los recursos estatales de manera adecuada. Sostuvo que seguramente la reforma pasará en el Congreso pero que él, personalmente, votará por el “no”, para que la propuesta oficial no toque a la Constitución vigente.

Señaló que la Contraloría no hace su trabajo incluso cuando la Constitución lo manda y que luego de un proceso cuidadoso, se debería empezar a hablar de jueces vitalicios para la administración de justicia.