Ayer la Corte de Constitucionalidad (CC), emitió un fallo que dejó sin efecto las indagatorias a varios militares implicados en la quema de la Embajada de España y en el caso de genocidios, dicha resolución, además, impide que testigos de los hechos declaren ante el juez. Los denunciantes indican que el caso se ve más afectado por las declaraciones que quedaron sin efecto.

Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, una de las principales entidades demandantes, indicó que existió una resolución del Juzgado Undécimo que busca juntar en una misma ambos puntos (declaración de testigos e indagatoria a procesados), «lo cual a la larga hizo entorpecer incluso una declaración de testigos que nada tiene que ver con el asunto de la declaración de los imputados», enfatizó Morales.

Errores

Morales, refirió que desde el origen del expediente (2004), hubo muchos errores, entre los que mencionó que el requerimiento emitido por la Audiencia Nacional de España estaba dividido en dos partes: la indagatoria de los acusados; que por derecho a la defensa, los sindicados debí­an contar con abogado defensor, y la declaración testimonial de ví­ctimas y de testigos; el cual se enmarca en el proceso de investigación, en el cual no hay formalidad.

Eduardo Cojulum, juez Undécimo de primera Instancia Penal tiene un plazo de cinco dí­as para que emita un fallo en el que se tome en cuenta que se trata de dos gestiones completamente diferentes, refirió el jurista entrevistado.

Es «grave» que no declaren

Los 11 testigos que fueron citados a declarar por los casos en mención, entre los cuales se encontraba la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, el sacerdote Mario Falla y Odette Arzú, entre otros, no presentarán su testimonio ante el Juez Undécimo de Primera Instancia, por la resolución de la CC.

Morales indicó que ese aspecto es el que más afecta al caso debido a que el juez español Santiago Pedraz, pidió a Cojulum que si los implicados renunciaban a su derecho a ser escuchados «él (juez Pedraz), ya no quiere escucharlos porque el proceso ya avanzó».

El jurista de la Fundación Rigoberta Menchú dijo finalmente que la no declaración de los testigos «es una cuestión muy grave porque es una violación a algo tan elemental de poder dar su testimonio, y que no está acusando a alguien en particular sino que está relatando lo que pasó».

La resolución de la CC se originó de apelación que interpuso la defensa del general Humberto Mejí­a Ví­ctores, quien es acusado junto a Efraí­n Rí­os Montt, íngel Aní­bal Guevara, Germán Chupina y Benedicto Lucas y los civiles Donaldo ílvarez y Pedro Garcí­a Arredondo.