Luego de que la Corte de Constitucionalidad prohibiera a la SCEP ejecutar obras de Mi Familia Progresa, en adelante este programa dependerá en el ámbito legal y financiero del Ministerio de Educación.
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El Diario Oficial publicó hoy dos acuerdos gubernativos que modifican la base legal y el sistema de financiamiento del programa de transferencias condicionadas denominado Mi Familia Progresa.
La medida es una consecuencia de la prohibición emitida por la Corte de Constitucionalidad a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) para ejecutar obras del programa de transferencias condicionadas del Consejo de Cohesión Social.
El acuerdo gubernativo 52-2009 refiere que Mi Familia Progresa estará adscrito al Ministerio de Educación y será coordinado por la Comisión Interinstitucional de Cohesión Social.
Por otro lado, el acuerdo 53-2009 establece la creación del Sistema de proyección social del Ministerio de Educación, el cual señala que Mi Familia Progresa y el Programa Nacional de Autogestión Educativa compartirán un fideicomiso para la administración de fondos.
La cartera de Educación cuenta con una base legal que le permite ejecutar los Q247 millones de Mi Familia Progresa, por tanto resultó una mejor opción para albergar a Mi Familia Progresa, en sustitución de la SCEP.
CONTINUARíN
En un comunicado de prensa titulado «Pese a ataques, Mi Familia Progresa sigue adelante», el gobierno reconoce que los acuerdos gubernativos promueven «las medidas necesarias para garantizar que las familias beneficiarias del programa sigan recibiendo del apoyo que se les brinda».
«De esta manera y pese a los ataques orquestados por los sectores que no ven con buenos ojos que el Gobierno atienda prioritariamente a los más necesitados, Mi Familia Progresa seguirá adelante», puntualiza.
TRANSPARENCIA
Para Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, el uso de fideicomisos como los empleados por Mi Familia Progresa, no es una buena opción para la ejecución de los fondos públicos, debido a que ese sistema financiero dificulta la fiscalización del gasto.
El contralor general de cuentas, Carlos Mencos, reconoce que los fideicomisos ofrecen mayor agilidad para la ejecución presupuestaria, no obstante coincide con Montenegro al asegurar de que se hace «muy complicada» la fiscalización.
A criterio de Montenegro, el Ejecutivo debe facilitar las herramientas de fiscalización en los programas sociales y deberá facilitar la información requerida para verificar que la población «realmente» perciba los beneficios de los proyectos de Estado.
El Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) y el Ministerio Público, en vista pública frente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), expusieron sus argumentos a favor y en contra de la Comisión Interinstitucional de Cohesión Social.
Ahora quedan a la espera de lo que pueda resolver ese alto cuerpo colegiado constitucional. Mario Fuentes Destarac, del Cedecon, insiste que la conducción política del desarrollo de la Nación no puede ser delegable, además que la esposa del Presidente de la República no es funcionaria a la que se le pueda deducir responsabilidades o seguir procesos de fiscalización por sus acciones.
Estar al mando de la ejecución de los ministerios de Educación y Salud Pública le corresponde únicamente al mandatario de la Nación y al Vicepresidente, quienes no pueden delegar esas funciones a otros, por ello esperan sean declarados inconstitucionales los artículos 2, 4 y 5, literales «b» y «c», del Acuerdo Gubernativo 79-2008, dijo Fuentes.