Ante los constantes vaivenes políticos que sugieren, comentan y persiguen reformar la Constitución actual, con el propósito de mejorar las condiciones del Estado, es necesario que todos los actores políticos y sobre todo los ciudadanos, tengan claro que lograr eficiencia en la gestión pública para satisfacer las necesidades de la población, no será posible solamente con la reforma constitucional, sino con un verdadero compromiso político, económico y social de todos y todas.
Hablar de modernizar el Estado ha pasado por el vocabulario de gobiernos y políticos durante años, tanto en Guatemala como en la mayoría de países, incluyendo los denominados desarrollados, pero especialmente para aquellos como nuestro país, es importante determinar que los indicadores de subdesarrollo van de la mano con ese proceso de cambio que se hace necesario, especialmente para alcanzar mecanismos de equidad en los derechos de todos los habitantes, luego de identificar que existen grandes rezagos en áreas rurales, en contraposición con un grupo social económicamente sostenible, tanto a nivel de clase media como alta. Esa inequidad identificada, que provoca hambruna, desnutrición, muertes y enfermedades por circunstancias prevenibles, y una notoria ausencia de educación, genera otras consecuencias a nivel del país, como el desempleo, la inseguridad y la falta de cohesión social, especialmente familiar, base y pilar del ser humano.
La responsabilidad del Estado es ineludible, ya sea bajo el planteamiento liberal que obliga al ciudadano a responsabilizarse de su propio futuro, pero garantizando que tengan las mismas condiciones de igualdad y oportunidad para alcanzarlas; como también las políticas orientadas a lo social, que exigen del Estado y de sus ciudadanos, una mayor contribución para aquellos que carecen de esas oportunidades (concepto de justicia aristotélica del tipo conmutativo), lo que implica elevar la carga tributaria, fortalecimiento institucional y normativo del Estado (Estado y Gobierno fuerte) y un proceso de combate a la impunidad, especialmente en casos de corrupción e inseguridad.
Pero el “arte” de cambiar la estructura funcional y operativa de un Estado, tiene su principio fundamental en la norma constitucional, pero poco podrá alcanzarse si otros factores no se cumplen de forma paralela o subsecuente a esa reforma. Cambiar un texto fundamental es, entonces, un principio pero no una garantía, especialmente porque muchos consideran que el actual texto de la Constitución, a pesar de estar desactualizado, permite valorar y operativizar aquellas necesidades primarias que se tengan, siempre y cuando exista voluntad y decisión de mejorarlos.
Los sistemas de justicia, gestión pública, participación política y seguridad, entre otros, debieran ser los primeros en considerarse en la pretendida reforma, pero estableciendo parámetros fundamentales que obliguen a que en coordinación con las instituciones del Estado, se permitan lograr aspectos de cambio en todo el país, y no solo en las urbes.
Otros consideran que la determinación de situaciones de impacto, como el medio ambiente, la inseguridad alimentaria o bien el crimen organizado no pueden estar ausentes, aunque eso seguramente tendría una repercusión alta en el proceso de discusión y mecanismos de consenso de parte de todos los actores de la sociedad.
Quizá el elemento más importante de pensar en este momento, implica el riesgo que conlleva seguir de la misma forma y no lograr esa reforma constitucional que haga mérito a los cambios que el nuevo milenio y la actual situación de Guatemala requieren, o bien correrse el riesgo que los oscuros grupos del Estado, aprovechen la coyuntura para afianzar sus posiciones y mantener al país en ese estado de shock que actualmente tenemos.