Cuando se hacen planteamientos que apunten a sentar las bases de la innovación económica, se deben privilegiar los resultados respecto a los intereses; es decir, se debe partir de supuestos y de propuestas que apunten a mejorar la situación económica, buscando una plataforma de medidas destinadas a mejorar el tejido empresarial sin menoscabo de otros actores.

La competencia constituye uno de los fundamentos centrales para la modernización económica y la misma descansa en premisas que son claves; libre concurrencia de oferentes y demandantes; libertad de acceso de empresas a un mercado determinado buscando con ello, no solo ampliar el conjunto de empresas que puedan ofertar en el mismo con lo cual no se consigue únicamente la libre concurrencia, sino además se asegura la libre competencia, uno de los bastiones de la competencia perfecta.  Al haber mayor cantidad de empresas compitiendo en un mercado, los precios tienden a bajar.

Adicionalmente, cuando se habla de mercados abiertos y competitivos se busca también que las empresas también puedan salir libremente de un mercado, lo que significa que ante un mercado altamente competitivo, las empresas deben buscar satisfacer determinadas necesidades de los consumidores o bien prestar servicios adicionales para que su empresa se haga atractiva; de no ser así, saldrán del mercado y con ello los precios tenderán a subir, por el hecho de haber menos empresas en un mercado determinado.

La competencia abierta es sana; es de más imprescindible para modernizar el tejido empresarial, así como resulta beneficioso para el consumidor final porque no solo hay mayor oferta de bienes y servicios, sino los precios tienden a ser más bajos en el mercado.  En un mercado de competencia abierta, el Estado no debe intervenir sino únicamente en aquellos casos en donde se visualice que se violan los preceptos de la competencia perfecta, pero su presencia es excepcional.

Guatemala se encuentra alejada de una condición de competencia y aún más lejos de la competencia perfecta.  La historia muestra cómo se ha ido configurando un tejido empresarial de baja competitividad y con tendencia mayor al oligopolio y al monopolio.  Igualmente, se sabe de una economía disfuncional en donde los privilegios que proporciona el Estado son significativos y no contribuyen a un entorno de competencia sino contribuyen a generar una economía sesgada, poco competitiva y demasiado cómoda en su posición de mercados imperfectos.

La propuesta de Ley de Inversión y Empleo que se discute actualmente, no debe ser puesta en vigencia, la misma reproduce los esquemas de privilegios a través de dotar de exenciones fiscales a las empresas durante 50 años; pero si así han vivido un montón de empresas hasta ahora, buscando regímenes alternativos como las zonas francas y engañando al fisco todo el tiempo.  Cuando uno analiza este tipo de planteamientos en la segunda década del siglo XXI, no puede dejar de impresionarse por la falta de capacidad de propuestas serias y orientadas a modificar el tejido empresarial y su mercado.  El planteamiento valiente de la Cámara de Comercio, encabezada por Jorge Briz es correcta y muestra que existen sectores empresariales que piensan más en su país que en continuar manteniendo una economía de privilegios que no contribuye a la modernización económica del país.  No se debe permitir que los grupos que apoyan esta iniciativa persistan en mantener su cómoda posición económica a costa de un agujero fiscal que se convierte en un auténtico hoyo negro para el Estado, su sociedad y sus consumidores.   Los empresarios que luchan día a día por colocarse en la modernidad, compitiendo en la medida de sus posibilidades, saben que esta propuesta de ley no apunta a mejorar el futuro, sino a persistir en el pasado.