Probablemente un factor determinante para intentar corregir el rumbo, aunque sea parcial y relativamente, del alicaído sistema político imperante y en torno a lo cual soy muy escéptico, consiste en devolver el respeto, confianza, honorabilidad y capacidad de los magistrados del Tribunal Supremo (¿?) Electoral que distinguió en sus orígenes a los integrantes de ese cuerpo colegiado, y de ahí la importancia en la escogencia de los candidatos que propondrán al Congreso los miembros de la Comisión de Postulación, de quienes se espera que procedan con absoluta ecuanimidad en el momento de adoptar sus decisiones.
Pocos guatemaltecos recordarán que durante los gobiernos militares no existía esa institución rectora de la actividad político-electoral, sino que la autoridad máxima recaía en una sola persona en calidad de Jefe del Registro Electoral, que durante lustros lo encarnó el célebre profesor Walter Orlando del Valle, aunque, en realidad, era el gobernante de turno el que decidía todo lo atinente a la inscripción de organizaciones partidarias, el mecanismo y la rudimentaria metodología de los procesos electorales, el reconocimiento de los resultados de los comicios y otros aspectos adicionales.
Se ha olvidado, salvo excepciones como las del periodista Óscar Clemente Marroquín, que fue el general Efraín Ríos Montt, en su calidad de autoproclamado Presidente de la República, el que modernizó este valioso espacio del escenario del incipiente período democrático, mediante la intervención del Consejo de Estado y la participación de valiosos ciudadanos que aprovecharon la coyuntura para sentar las bases de una institución autónoma que rigiera con imparcialidad el funcionamiento de partidos políticos y comités cívicos y que velara por el respeto a los procesos electorales y la transparencia en los resultados de las votaciones.
Sin embargo, con el transcurso de los años y la ausencia de escrúpulos y abundancia de ambiciones de actores políticos que desdeñaron las normas que se aplicaban y luego abusaron de la debilidad jurídica, acompañada de actuaciones pusilánimes de magistrados del TSE, que la función de este ente se fue deteriorando hasta llegar a los años recientes durante los cuales dirigentes o propietarios de partidos políticos han procedido con desprecio a la ley de la materia y su menguada capacidad coercitiva, para vulnerar normas tan elementales como la que regula el período de proselitismo, derivando en disfrazadas campañas electorales anticipadas.
Para recuperar la autoridad y legitimidad del TSE es imperativo insoslayable que los magistrados que lo integrarán en el próximo período sean los más probos, altamente calificados, sin vínculos partidarios y con suficiente valor cívico para encarar los desafíos provenientes de la nefasta casta política y los poderes paralelos, que se resisten a las imprescindibles reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y que porfiadamente se empecinan en sostener el estatus prevaleciente.
Se argüirá que son los diputados al Congreso los que finalmente elijan a los futuros magistrados del TSE; pero si la Comisión de Postulación sólo presenta candidatos que se distingan por su integridad, idoneidad y capacidad, los parlamentarios necesariamente se verán obligados a optar por los propuestos, aunque sea con la renuencia de los congresistas más torpes, perversos, mediocres y ambiciosos.
(El impecablemente pesimista Romualdo Tishudo leyó este otro graffiti: -Si votar sirviera para algo, estaría prohibido).