«El derecho a la propiedad no debe prevalecer sobre el derecho a la vida y a la alimentación».
Jean Ziegler, Relator Especial para el Derecho a la Alimentación.
Hace un poco más de cinco años, en febrero de 2005, Jean Ziegler, Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de la Organización de Naciones Unidas realizó una misión oficial en Guatemala para determinar la situación alimentaria del país. La situación, entonces y en la actualidad, es preocupante: uno de cada dos niños sufre desnutrición crónica. Estos datos colocan al país en el primer lugar de malnutrición de Latinoamérica y en el tercer lugar a nivel mundial.
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Ziegler hizo una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala para revertir esta situación: reconocer el derecho de las comunidades indígenas a la tierra y protegerlas de la expropiación por la fuerza; impedir la penalización de los conflictos sociales y territoriales; cumplir íntegramente los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz en relación con la reforma agraria, los derechos laborales y la reforma fiscal; combatir la discriminación contra la mujer, en especial contra la mujer indígena; aplicar un Código Agrario que regule el acceso a la tierra así como su uso y tenencia, y reconocer las formas indígenas de propiedad de la tierra y respetar el derecho a la alimentación; respetar los derechos de los trabajadores, en particular el derecho de asociación, y aumentar el salario mínimo nacional hasta un monto suficiente para costear la canasta básica de alimentos.
De acuerdo con el informe de seguimiento a las recomendaciones de Ziegler para Guatemala, realizado por el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), la situación del hambre en Guatemala no ha cambiado en los últimos siete años, y a pesar que «la desnutrición crónica en escolares se redujo en 3.2 puntos porcentuales, las graves desigualdades que se hicieron evidentes en este momento, progresan y se aferran en la población históricamente excluida».
Ante estas evidencias, ¿debemos aceptar la vieja postura de los «libertarios» y grandes terratenientes que se oponen a la discusión de la necesaria reestructuración de la tenencia y uso de la tierra? ¿Podemos confiar únicamente en la generación de empleos en el área rural como la mejor forma de distribución de la riqueza y generación del desarrollo?
La producción agraria en el país, basada en la agroindustria únicamente ha generado pobreza y pobreza extrema en la población campesina; recordemos, por ejemplo, que nunca el salario mínimo para actividades agrícolas ha cubierto siquiera el costo de la canasta básica vital.
Es necesario que el Gobierno muestre la voluntad política de interesarse por la situación de la mayoría de la población y se atreva a hacer efectivas las recomendaciones del Relator Especial para el Derecho a la Alimentación. Y así, como aseguró la colega mexicana Rosalinda Hernández Alarcón, podremos contar con una estructura agraria cuyo centro sea el ser humano y no las ganancias para las grandes fincas monoexportadoras.