Erick Archila, ministro de Energía y Minas, indicó que la conflictividad que ha generado la actividad minera en el país tiene una serie de causas conjuntas, desde la falta de una legislatura adecuada para los proyectos mineros, así como la falta de un consenso con las partes involucradas.

Archila señaló que es necesario legislar sobre las consultas populares para que estas sean vinculantes, pues “es importante seguir con ese trabajo”.

 “Creo que es importante ver ejemplos de países como Perú, en donde no había y ahora sí cuenta con una legislación de consultas vinculantes” dijo Archila; además indicó que en lo que respecta a Guatemala, es necesario seguir trabajando  en este tema, el cual está a cargo  del Ministerio de Trabajo.

Según el Ministro de Energía y Minas, se debe de trabajar en mecanismo de diálogo permanente y, obviamente, las consultas deben seguirse abordando, las que deben de reglamentarse en algún un momento.

Sin embargo la opinión de Archila es un tanto contradictoria, pues cuando presentó la propuesta de reforma a la Ley de Minería, iniciativa que contempla 36 reformas a la Ley, Decreto 48-97 del Congreso de la República, deja afuera la consulta establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La iniciativa indica que para poder aplicar este convenio “es necesario aprobar una regulación que establezca el mecanismo de consulta”. Las autoridades del ministerio aplicarán el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas, una vez que el mismo haya sido aprobado.

DEMOCRACIA
Entre tanto, Yuri Melini, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), indica que el transitar de la democracia electoral y participativa involucra no solo la regulación de una ley de participación ciudadana sino la vinculación de las consultas.

Melini dice que las consultas ya están contempladas en la Constitución Política, en el Convenio 169 de la OIT, en la consulta Municipal de Vecinos y en la consulta de pueblos indígenas, entonces el hecho está en que a través de una Ley del Congreso se regule la vinculación de las consultas, excepto de la municipal, que sí tienen vinculación.

“Aquí el problema de fondo está en que este Gobierno y el Ministro se han dedicado a violar los derechos de la población, en el sentido de que se han negado conocer la expresión ciudadana que no está de acuerdo que la minería química metálica sea una opción de desarrollo económico en sus comunidades imponiéndoles el modelo extractivo”, señaló el activista.

ANÁLISIS
El Ministerio de Energía y Minas indica que el Gobierno de Guatemala analiza la adhesión  a la Iniciativa de Petrocaribe, y se encuentra a la espera de que una comisión técnica de Venezuela visite el país para contar con todos los detalles, posteriormente a un análisis técnico se dirá si es conveniente la adhesión o no.