«Aquí no hay ninguna persecución política, simplemente una sindicación del Ministerio Público y la CICIG», declaró esta mañana el presidente ílvaro Colom, un día después que Alejandro Giammattei, ex candidato Presidencial, fuera enviado a prisión.
El mandatario enfatizó: «í‰l tiene una sindicación del MP y la Fiscalía Especial y todos conocemos el profesionalismo de las fiscalías especiales y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)».
Colom añadió que las investigaciones de la CICIG «siempre han sido profesionales y concretas», y que se debe respetar el debido proceso: «él es inocente hasta que se demuestre lo contrario», declaró.
«La justicia no tiene momento, la justicia se da en el momento que se tiene que dar», reiteró el Presidente al consultarle sobre las declaraciones vertidas por Giammattei respecto a que se considera un preso político.
SEGURIDAD GARANTIZADA
Carlos Menocal, ministro de Gobernación, indicó que esa instancia respeta la decisión de Giammattei de declararse en huelga de hambre, no obstante, apuntó que este será evaluado constantemente por médicos del Sistema Penitenciario.
«El Estado debe respetar la decisión de Giammattei y está en la obligación de chequearlo y que sea visto por un médico, no podemos obligarlo a que ingiera sus alimentos porque violaríamos sus derechos de libre albedrío», manifestó Menocal.
El ministro del Interior también reiteró que el ex presidenciable no es un preso político: «No hay ninguna cacería de brujas, el Ministerio de Gobernación ejecutó una orden de carácter legal; él (Giammattei) está acusado de ejecución extrajudicial que es un delito de lesa humanidad y nosotros tuvimos que detenerlo», declaró.
Ayer, Giammattei fue conducido hacia la Torre de Tribunales tras permanecer nueve días en la Embajada de Honduras. El ex presidenciable se calificó como preso político.
APOYO
La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alienta a continuar las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales y delitos graves.
Valorando los avances que representan para la justicia en Guatemala las recientes investigaciones a cargo del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- en el caso Pavón y otros casos de ejecuciones extrajudiciales, tráfico de drogas, lavado de dinero y extorsiones.
Así también manifestaron que estas son señales alentadoras en la lucha contra la impunidad y el desmantelamiento de estructuras criminales en el país.
Nery Rodenas representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), dijo que la solicitud de Naciones Unidas demuestra la preocupación que tiene como institución internacional, por el índice de violencia que vive el país. «La solicitud es positiva para Guatemala porque demuestra la preocupación por la seguridad que viven los guatemaltecos, como los desalojos en fincas, donde se llevaron a cabo asesinatos extrajudiciales sin que hasta el momento se tengan a los responsables de estos hechos, así también el caso de Sololá donde campesinos sufrieron violencia por parte de la Policía por no permitir el traslado de un cilindro para explotación minera, situaciones aún impunes y sin que hasta el momento el Estado haga algo».
En reiteradas ocasiones la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha llamado al Estado a investigar y sancionar como un deber jurídico, no sólo las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus agentes, sino también las que provengan del crimen organizado y el narcotráfico.
CAPTURAS
Particularmente en el caso Pavón, se visualizan avances en el cumplimiento de la recomendación formulada por la Alta Comisionada de investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial las muertes ocurridas en esa granja penal el 25 de septiembre de 2006.
De acuerdo con la ONU, Rodenas dijo que el caso Giammattei era algo ya previsto, «el caso Pavón en el cual se advirtieron los hechos delictivos, considerando que el Estado debe hacer sus mejores esfuerzos para capturar a las personas involucradas con los asesinatos extrajudiciales y no solamente al que esté cerca, se tiene que buscar a todos los demás responsables de las atrocidades hechas en ese centro carcelario; donde el Estado guatemalteco se ha visto ineficiente para llevarlo a cabo».
Sandra Morán representante de la Coalición de Organizaciones Sociales, añadió que las detenciones de funcionarios públicos es un paso adelante siendo una buena señal que están apoyando el desempeño de la CICIG.
«No importa quién sea o que cargo tenga, pero si cometieron crímenes como los asesinatos extrajudiciales todos los responsables deben pagar como los asesinados en Pavón, todos somos iguales ante la Ley».
«El caso Giammattei es una cortina de humo» afirmaron representantes de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG).
Estos dieron a conocer su descontento por las cortinas de humo que se han generado en el caso de Alejandro Giammattei, para no prestar atención a los temas que están afectado a la población, como es el tema de la petrolera Perenco que está dañando el Parque Nacional Laguna del Tigre en Petén y la Mina Marlin que afecta a las comunidades de San Miguel Ixtahuacán, provocando así fuertes enfrentamientos por la expansión de dicha minera.
Victoriano Zacarías, representante de la CGTG, comentó: «nos preocupa que la situación de Giammattei esté siendo una cortina de humo en el país, para que la población no le preste atención a los casos de las mineras y petroleras, y que los funcionarios estén haciendo de las suyas para no darle seguimiento a problemas del pueblo».
«Que todos los casos son importante en el país, principalmente los asesinatos extrajudiciales, pero que también la madre tierra es aún más importante porque las comunidades pobres son las afectadas por las malas decisiones del Gobierno con un interés propio».