La presencia de un agente de la Policía Nacional Civil y uno del Ejército en cada bus urbano será el planteamiento que el ministro de Gobernación, Vinicio Gómez y el director de la Policía Nacional Civil, Isabel Agustín Mendoza, harán hoy a los empresarios del transporte en Casa Presidencial. Ante la ola de violencia contra los pilotos de este servicio, ambos funcionarios fueron citados al Congreso de la República.
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El titular de la cartera del Interior reconoce que «nunca habrán suficientes agentes» para resguardar la seguridad, pero explica que su objetivo es cubrir las 28 rutas que recorren la ciudad. Mientras tanto Mendoza declaró que no descarta que ex agentes de la Policía Nacional Civil estén involucrados en los asesinatos como parte de una gran red de crimen organizado.
Los funcionarios fueron citados por la bancada del Partido Patriota y por la Comisión de Gobernación del Congreso. Junto a los últimos también estuvieron presentes los alcaldes de los municipios del departamento de Guatemala. La discusión se extendió debido a que las demandas de seguridad son cuantiosas, sobre todo en regiones como Villa Nueva, Mixco y Canalitos, donde el servicio de bus está paralizado desde el principio de esta semana.
Aunque Gómez y Mendoza expusieron ante los diputados las innumerables limitantes de la cartera de Gobernación y los planes para contrarrestar la ola de criminalidad, en realidad las respuestas no fueron concretas. Además de presencia policial en los buses, no se presentaron soluciones reales a la problemática de seguridad.
Mientras tanto, el presidente de la Sala Legislativa de Gobernación, Luis Enrique Mendoza de la UNE, declaró que hoy propondrá a los miembros de la comisión retomar la iniciativa de ley antimaras, pues se ha señalado a los antisociales como los responsables de lo asesinatos de pilotos.