En la persistencia de la diputada Rosa María de Frade acerca de aclarar la utilización de los recursos económicos utilizados para constituir el proyecto «Transurbano», el ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knigth, reconoció que los empresarios no respetaron el proceso legal.
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El funcionario dijo a de Frade que el objetivo al asistir a la citación es para fortalecer la inversión de los recursos públicos, y es el Artículo 55 de la Ley del Presupuesto que manda hacer públicas las licitaciones, pero en este caso no se cumplió.
«Nosotros sí encontramos que hubo una irregularidad en lo que se refiere a que esta entidad de empresarios no colocó en Guatecompras las operaciones que tenía que realizar», enfatizó.
El Ministro explicó que el Estado tiene el compromiso inicial de transferir US $35 millones para ese proyecto de transporte de pasajeros en la capital, del que ya hubo dos aportes que ya fueron entregados, pero esta cifra y otras tienen condicionantes.
«Pero eso no es de ninguna manera incondicional, hay un plan operativo que debe cumplirse. Los primeros Q80 millones que se pagaron son solamente parte de eso, en la medida que no se cumplan en particular lo que está en ese convenio, no se harían los pagos subsiguientes», sentenció.
Los integrantes de la Asociación de Empresarios Autobuses Urbanos (AEAU), en la última reunión con la comisión de Transparencia, explicaron sobre las distintas adquisiciones que realizaron en Guatemala y el extranjero.
Desde esa fecha, al no haber aclarado la AEAU sobre los procesos de adquisición de la implementación de la tarjeta prepago, compra de molinetes, herramientas de computación, servicios y otros, la parlamentaria solicitó una auditoría a la Contraloría General de Cuentas que reiteró este día.
«Debe haber una propuesta de cómo se debe seguir manejando esto, para que no ocurra lo que ya empezamos a ver, un gasto discrecional que se está llevando a cabo», advirtió a Fuentes Knight.
Además, la diputada recordó a las autoridades que hubo suficiente tiempo para ejercer más fuerza legal en el Acuerdo Gubernativo donde se decidió ese compromiso que ahora da muestras de discrecionalidad en el gasto del dinero de los contribuyentes.
Asimismo, reprochó que en la visita anterior, dos meses atrás, el viceministro Erick Coyoy se haya limitado a decir que el ministerio entregó el dinero y no era obligación ejecutar el seguimiento del gasto.
La parlamentaria dejó comprometidos al Minifin y a la CGC para dar seguimiento al caso.
Duda y opinión para solicitar la corrección, si fuere el caso, presentó y solicitó la diputada Rosa María de Frade por el aporte de Q80 millones destinado al subsidio del transporte y aprobado por el pleno a través del artículo 23 de la Ley de Bonos del Tesoro, Decreto 19-2010.
Carlos Mencos, jefe de la Contraloría opinó que sí genera dudas que la aprobación destinada al subsidio sean recursos adicionales para los transportistas de pasajeros, mientras el Ministro de Finanzas trató de rectificar que no se trata de un aporte extraordinario.