A tres días que La Hora dio a conocer el conflicto de intereses que supuestamente pesan sobre Alfredo Mury como viceministro de CIV y paralelamente mandatario de CONASA; Guillermo Castillo, titular de esa cartera, señaló que fue el Registro Mercantil que no operó la cancelación del mandato.
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Hoy en el Congreso, el ministro Castillo manifestó que a partir de la publicación de este vespertino, iniciaron una investigación, la cual consiste en analizar la información y documentos solicitados a Constructora Nacional S.A. (Conasa).
Acerca de si habrá destitución del funcionario, Castillo enfatizó que el viceministro Mury dejó de ser mandatario de esa empresa mercantil antes que llegara al cargo, y en un programa de radio esta mañana dijo que no ordenará esa destitución.
EXCUSA
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, opinó que el ministro Castillo antes debió haber separado del cargo al viceministro Alfredo Mury, «mientras llevaba a cabo esa investigación para no poner en entredicho a la institución».
La autoridad del CIV debiera evitar este caso como ya hubo algunos donde se violentó la ley, tal el ejemplo de las ONG o Udevipo, donde hubo denuncias y se dedicaron a evacuar los expedientes como recurso para no estar apegados a derecho.
Rosa María De Frade dijo que ya empezó a hacer investigación del caso y solicitó al Ministerio la documentación para confirmar que esa persona no tenía relación con Conasa desde hace 18 meses como aseguran.
COSAS DISTINTAS
Aunque son dos cosas distintas en este caso, la sala de trabajo por la Transparencia espera la documentación y papelería que en la página de Guatecompras aparece como contratos anteriores a su cargo en 2009, a pesar que la información virtual aparece con distintas fechas.
Preliminarmente, ningún contrato a la compañía Conasa ha sido adjudicado, mientras Alfredo Mury ha sido funcionario; aunque son contratos de otras fechas, es necesario hacer el análisis y verificación directa, enfatizó de Frade.
Por ello, están citadas las autoridades de Guatecompras, con quienes la comisión de Transparencia pretende verificar por qué no coinciden las fechas y por qué no hay actualización de la información en ese portal.
Acerca de la falla por no haber sido operada la cancelación del mandato de Mury, Nineth Montenegro dijo: «No lo creo; están buscando una excusa responsabilizando al Registro Mercantil.
Al día de hoy, ni Conasa ni el Ministro de Comunicaciones han presentado documentos que prueben la supuesta renuncia de Mury así como tampoco el memorial con fecha del 2008, sellado de recibido por el Registro Mercantil que pruebe que el aviso fue presentado pero no operado por dicha instancia.
Pese a que el Ministerio Público (MP) tendría que actuar de oficio cuando cualquier anomalía sale a luz pública y como consecuencia es señalado un funcionario público, la fiscalía de delitos administrativos reportó que no hay ningún expediente abierto hasta la fecha.
Los miembros de la fiscalía a quien correspondería ejecutar las investigaciones informaron que en todo caso no existiría expediente, porque no se ha presentado ninguna denuncia.
La ley orgánica del MP cita el en artículo 1 que entre sus mandato: «dirige la investigación de los delitos de acción pública; además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. También en sus funciones establece que los fiscales tienen a su cargo: «investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales».