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Una audiencia de reforma al auto de procesamiento se realizó ayer en el Juzgado Primero de Primera Instancia dentro del proceso que se sigue en contra de dos ex agentes de la Policí­a Nacional Civil (PNC), vinculados en la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes residentes del Barrio El Gallito.

La jueza Carol Patricia Flores declaró sin lugar la solicitud efectuada por la defensa de los acusados, quienes buscaban que la persecución penal en contra de éstos fuera por el delito de incumplimiento de deberes.

22/09: mediodí­a

El viernes 22 de septiembre los hermanos í“scar Geovany y Juan Enrique Luna Gómez; de 21 y 19 años respectivamente, acompañados de Tomás Eduardo de León de 17, Edwin Alexander Alfaro de 19 y Herberth Josué Aquil Pérez de 18, salieron a mediodí­a a jugar «una chamusca», cuando fueron detenidos por una patrulla de la PNC.

Testigos indicaron haber visto que el vehí­culo policial, identificado con DG-002, se habí­a llevado a los cinco jóvenes. La denuncia que efectuaron los familiares describí­a e incluí­a, además, a las patrullas GAR-026 y GAR-035.

25/09: cinco cadáveres

A las diez de la mañana del 25 del mismo mes, la noticia del hallazgo de cinco cadáveres con indumentaria deportiva, conmocionó una vez más a la opinión pública. Al filo del mediodí­a se habí­a confirmado que se trataba de los cinco residentes del Barrio El Gallito; ví­ctimas, según la denuncia, de una detención ilegal.

A las dos de la tarde, la Dirección General de la PNC, convocó a rueda de prensa para dar a conocer la captura del inspector Wilson Tobar Valenzuela y el agente Sabino Ramos Ramí­rez, quienes fungí­an como escoltas de Julio Hernández Chávez, en aquella fecha, director de la PNC.

El caso

Luego que el reporte de GPS mostrara que la patrulla DG-002 habí­a sido asignada a los capturados, éstos quedaron ligados a proceso por los delitos de ejecución extrajudicial y abuso de autoridad.

Leonel Batres, fiscal a cargo del caso, informó que el MP continúa con las investigaciones, ya que el plazo para los trámites de primera instancia se vencen el 25 de diciembre próximo. «Por la etapa en la que se encuentra actualmente la investigación no puedo revelar cuales son las pruebas con las que cuenta la fiscalí­a», citó el investigador.

Como medios de prueba se incorporaron al caso las declaraciones de autoridades de la PNC y de militares que conforman las fuerzas combinadas. Al respecto el fiscal Batres afirmó que «las declaraciones lo único que nos dieron a conocer fueron las funciones de cada uno de los detenidos, «única y exclusivamente».

La defensa

Geovany Noriega, abogado defensor de los sindicados, pidió información al MP sobre tres juegos de llaves que pertenecen al vehí­culo DG-002, de los cuales, afirma Noriega, «sólo hay uno».

A ello el fiscal Batres declaró que los juegos de llaves a los que se refirió la defensa, se encuentran en la Dirección General de la PNC, lo cual hace que sospechen de algunos miembros más de esa institución.

La defensa solicitó además que se comprobara si las armas asignadas a los policí­as habí­an sido disparadas y si habí­a ojivas en el lugar del crimen, así­ como el resultado de la prueba de luminol que se practicó en el vehí­culo.

Sobre ésta última, el fiscal del MP respondió que el peritaje de luminol que se aplicó a la patrulla en la que presuntamente fueron secuestradas las cinco ví­ctimas, resultó negativa: «Ya lo esperábamos debido a que a las ví­ctimas las fueron a ejecutar en el lugar que aparecieron (terreno baldí­o de la ruta hacia El Naranjo), por lo que era lógico que saliera negativa».

El representante del MP añadió que durante el análisis de la escena del crimen, tuvieron que excavar de 20 a 30 centí­metros para localizar los proyectiles ahí­ disparados.

Actualmente el MP cuenta con una lista de al menos cuatro miembros de la PNC, que son sospechosos del crimen contra los cinco jóvenes de El Gallito, el fiscal no mostró más detalles por el proceso en el que se encuentra la investigación.