Aunque el Ministerio Público (MP) cuenta con cobertura para los 22 departamentos de Guatemala, su presencia a nivel municipal es débil pues sólo el 20 por ciento de los municipios del paí­s cuentan con agencias fiscales, según información de esa instancia.

El ente encargado de la persecución penal sólo cuenta con 55 agencias de investigación para darle cobertura a los 333 municipios de toda Guatemala; no obstante, esa no es la única debilidad, pues el personal que labora para esa institución también es mí­nimo en comparación con los casos que a diario ingresan, lo que genera una severa crisis.

A criterio de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el Ministerio Público (MP) no llega a más del 40 por ciento del territorio nacional; esa instancia también hace énfasis en la crisis a nivel de recursos humanos que enfrenta la institución.

Por su lado, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECP) mantiene la postura de que el presupuesto no es la única causa que genera ese tipo de carencias en la institución. También hace falta hacer una evaluación real del MP y a su gasto.

Eso contrasta con la versión oficial, ya que desde el propio MP se dice que para incrementar la cobertura y extenderla hacia la mayorí­a del territorio nacional se necesitarí­a «duplicar» el presupuesto actual con el que cuenta esa instancia.

Según las estadí­sticas, en el MP actualmente laboran un total de 394 fiscales encargados de las investigaciones, quienes deben litigar en los tribunales de justicia; para tener una noción de su trabajo, se debe considerar que en esa instancia se recibió un total de 392 mil denuncias el año pasado.

En base a lo anterior, se concluye que cada agente fiscal deberí­a conocer un promedio mí­nimo de tres casos diarios para que el ciento por ciento de los que ingresan cada año sea resuelto, lo cual resulta imposible.

El viernes último, el fiscal general, Amí­lcar Velásquez Zárate, inauguró los trabajos de construcción de un nuevo edificio, que albergará una nueva Fiscalí­a Distrital de la localidad de San Benito Petén, ¿serán suficientes las agencias fiscales que operan en el paí­s y buscan desarticular la criminalidad que a diario mantiene en zozobra a las y los guatemaltecos?

ANíLISIS

Javier Monterroso, director de Incidencia del IECP, opina que el MP deberí­a contar con agencias en la mayorí­a de municipios del paí­s, enfáticamente en aquellos que presenten un mayor nivel de conflictividad social.

«Ese número de fiscalí­as (55) a nivel nacional representan la cobertura para un poco más de la sexta parte del total de municipios en el paí­s; lo que significa que una buena parte del territorio no tienen cobertura», refiere el analista.

Monterroso añade que aunque en los últimos años se ha incrementado la cobertura del MP para todo el paí­s, esta sigue siendo insuficiente, y que ello representa un problema ya que, aunque existe presencia de juzgados de paz en todo el paí­s, no se pueden resolver los conflictos sociales sin la presencia de una entidad encargada de la persecución penal.

A criterio de Monterroso «hace falta una evaluación real del presupuesto del MP», pues según las investigaciones del Instituto, comparado con otros Ministerios Públicos de América Latina el ente investigador guatemalteco no tiene mayores problemas económicos.

«Puede que haya necesidad de recursos pero también se trata de la gestión de éstos; eso sí­ hace falta evaluarlo, ¿en qué se gasta el dinero esa instancia?», explica.

Según Monterroso, a partir de una exhaustiva fiscalización de los fondos del MP, se podrí­a iniciar con un proyecto de ampliación de la cobertura para atender a las áreas que carecen de fiscalí­as.

El entrevistado dijo, además, que uno de los elementos que conlleva a los linchamientos y la llamada «justicia por propia mano», es la falta de presencia de las instituciones de Justicia: «No se trata sólo de ausencia del MP sino de la debilidad en el acceso a la justicia de la población guatemalteca en su conjunto», señala.

«Habrí­a que readecuar el presupuesto, evaluar las agencias y en base a la complejidad de cada municipio, determinar en dónde es conveniente ubicar una fiscalí­a. Además tiene que priorizarse, porque hay municipios que tienen una tasa de criminalidad y población más alta que otros; sin embargo es impensable, creo que ni en cuatro años podrí­a haber MP en los 333 municipios», puntualizó.

PERSONAL

Ramón Cadena, representante de la CIJ, opina: «A todas luces la cobertura del MP en el territorio nacional es incompleta y eso contribuye a que existan los niveles de impunidad actual».

Para Cadena, es necesario revisar el presupuesto, y pedirle al Ejecutivo y al Legislativo que aprueben un aumento, como el solicitado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Además, señala que se debe de hacer una revisión de los acuerdos que crean las fiscalí­as de sección y la competencia de las fiscalí­as departamentales y municipales con el objeto de mejorar los niveles de coordinación y trabajo conjunto de unas fiscalí­as a otras.

Para el representante de la CIJ el problema «no es sólo un asunto de presupuestos», pues sugiere que el MP debe mejorar la coordinación y además, crear polí­ticas de persecución penal, como en materia de usurpaciones y delitos contra los derechos humanos que hayan ocurrido en el pasado.

«Si se crea, por ejemplo, una polí­tica de persecución penal por las violaciones a los derechos humanos, aunque sea con pocos recursos, éstos se pueden maximizar, o hacer más efectivas a las fiscalí­as y capacitarlas para esos efectos», señala Cadena.

El entrevistado también refirió que es necesario que el MP aumente el número de fiscales y de auxiliares, ya que «no se puede perseguir al crimen organizado o al narcotráfico transnacional con el actual número de fiscales».

«Según estudios de diferentes organizaciones, entiendo que los fiscales no superan los 600, pero lo que sí­ está claro es que con tal número de fiscales es imposible perseguir crí­menes de tan alto impacto en todo el paí­s como el narcotráfico y crimen organizado y otros», resaltó

«Hay que tomar en cuenta también que de Centroamérica Guatemala es de los paí­ses que menos dinero del presupuesto y Producto Interno Bruto está invirtiendo en el sector justicia y en particular en el MP», afirmó.

PRESUPUESTO

Gloria Porras, secretaria general del MP, informó que esa instancia tiene cobertura en los 22 departamentos pues cuenta con agencias fiscales en las cabeceras departamentales, no obstante, reconoce que a nivel municipal sólo hay cobertura en el 20 por ciento.

«Con esa cobertura tenemos cubierto a nivel municipal el 80 por ciento del total del paí­s, el problema es que las fiscalí­as tienen muchas dificultades para acceder a municipios cuando se dan hechos delictivos en zonas muy alejadas», explica. .

Pero la secretaria General del MP no es completamente optimista en el tema, pues refiere que la cobertura es «fuerte» en comparación con el presupuesto que maneja esa instancia.

«Nuestro presupuesto actual es de 611 millones y ampliar la cobertura hacia otros municipios, a donde nos cuesta mucho llegar ahora, implicarí­a por lo menos duplicar esa suma, es decir que tendrí­amos que contar como mí­nimo como mil 200 millones de quetzales», indicó.

Además, Porras explica que hay oficinas municipales del MP que «apenas están integradas por una agencia fiscal», y en algunos municipios sólo laboran con dos o tres auxiliares fiscales, indicó.

«En ese caso no sólo se trata de ampliar la cobertura hacia donde no tenemos presencia como agencias o edificios, sino de fortalecer el personal en algunos municipios donde la presencia es poca, en relación a los hechos delictivos que se registran», enfatizó.

La secretaria del MP dijo que actualmente laboran en esa instancia un total de 394 fiscales sobre los cuales recaen las investigaciones y las acciones de los procesos que van a juicio; pero el personal es escaso en relación a la cantidad de hechos que ingresan anualmente al MP.

Según la Secretarí­a General de esa instancia el año pasado ingresaron un total de 392 mil denuncias, promedio similar al conocido en años anteriores.

Según las estadí­sticas del MP, cada agente fiscal deberí­a conocer un promedio mí­nimo de tres casos al dí­a para alcanzar a resolver el ciento por ciento de las denuncias que recibe la instancia encargada de la persecución penal cada año.