En mi columna pasada analizo un reciente informe distribuido por Oxfam-Guatemala, y elaborado por Arantxa Guereña, en el que se analiza el problema del hambre en Guatemala, y dentro de las soluciones institucionales se menciona la urgencia de aprobar la iniciativa 4084 que dispone la Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral. Veámosla entonces.
Dicha iniciativa fue presentada por Roberto Kestler, Maura Estrada y compañeros, quienes firman al final, estando los nombres de Ovidio Monzón, Otilia Lux, Manuel Barquín y un conjunto de diputados distritales.
A pesar que existe toda una institucionalidad de los consejos de desarrollo y de gabinetes básicos de gobierno, la iniciativa comienza superponiendo otros: el Gabinete de Desarrollo Rural, el Sistema de Desarrollo Rural y la creación de un Ministerio de Desarrollo Rural. Se habla así de una multisectorialidad del Sistema de Desarrollo Rural Integral, reubicando un abanico de políticas: agraria, agrícola, pecuaria, forestal, reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgos, seguridad alimentaria y socio ambiental (¿?).
En materia financiera, estimo que a menudo es en donde se encuentran las grandes irresponsabilidades de este tipo de propuestas, en virtud de que se carece de ingenio propositivo, y todas de estas iniciativas simplemente se cuelgan del presupuesto. La iniciativa dedica un simple título III titulado “Capítulo íšnico Recursos Financierosâ€, y se indica que se contará con el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Rural Integral, y el presupuesto asignado a los programas de inversión que serán ejecutados por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral. Y simplemente, el fierrazo de los diputados ordena que “la programación y asignación de recursos por parte de los ministerios y demás entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral debe hacerse en coherencia con los requerimientos de la Política Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo Rural Integralâ€.
Y lo que es más simple y vago aún, los diputados ordenan que los recursos financieros del Ministerio de Desarrollo Rural Integral vendrán de: transferencias extraordinarias del Estado, subvenciones y donaciones de personas naturales, ingresos privativos por la venta de productos, fondos de cooperación internacional. ¡Eso no nos dice absolutamente nada!
Y cuando uno rebusca antecedentes del espíritu de tal ley, tan sólo se encuentran documentos y propuestas de sociedad civil que tienen más que todo un contenido político o ideológico y que apelan a temas que en este artículo no se cuestionan ni por asomo: la desigualdad en la tenencia de la tierra y la importancia de la seguridad alimentaria en cualquier país del mundo.
Lo más sorprendente de todo ello, y de la carencia de procesos previos de estudio que hagan factible una ley como la que se indica, es que la creación del Ministerio de Desarrollo Rural se superpone al de Agricultura, Ganadería y Alimentación, es decir que no pasa este último a fundirse en el primero. Se imagina usted las tremendas duplicidades y rivalidades que se fomentarían con tal bebé de mamuth y su padre putativo el MAGA.
Y con el sistema de consejos de desarrollo, el fierrazo de los diputados únicamente indica lo siguiente: “se tomará en cuenta su existencia, para elaborar e implementar la Política Nacional y el Plan Nacional Rural Integralâ€.
Se pregunta uno entonces si esta es la vía para comenzar a resolver el problema estructural del hambre y la situación agraria. Continuaremos.