Las cifras oficiales indican que desde 2008 se registraron 9 mil 957 extorsiones, asesinatos y secuestros planificados desde las cárceles, las cuales se caracterizan por la falta de controles de los últimos gobiernos. Las interrogantes en torno al papel de las autoridades siempre serán las mismas:
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¿Permisividad? ¿Complicidad? ¿Falta de voluntad?, también persisten las respuestas de los funcionarios del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Sistema Penitenciario (SP), que justifican el abandono del sistema por varios años.
A pesar de que el tiempo transcurre y los hechos delictivos evolucionan, desde la fase de planificación en los centros carcelarios hasta la ejecución en las calles, ninguna administración de gobierno logra detener estos ilícitos.
De esa cuenta, la vida de cada ciudadano está en riesgo ante un problema grave de inseguridad que se gesta detrás de las rejas, pues los criminales detenidos han demostrado de lo que son capaces sin la necesidad de estar en la calle.
Lo sucedido el 3 de enero de 2011, cuando murieron 9 pasajeros quemados por una bomba incendiaria que fue activada con un celular desde la cárcel, es una de las tantas pruebas que pasan únicamente a documentarse, pues según la sociedad civil no hay evidencia de voluntad por parte de las autoridades para detener la problemática.
Un análisis de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) indica que de enero de 2008 al 13 de octubre pasado se han planificado 9 mil 957 ilícitos desde los centros carcelarios.
El informe detalla que se registraron 9 mil 547 extorsiones coordinadas desde prisión, 407 asesinatos y 3 secuestros.
La información oficial fue solicitada a través de la Unidad de Acceso a la Información del Mingob, pero debe considerarse la existencia de un subregistro de casos, pues en la respuesta emitida se admite que no hay suficientes datos de los hechos ocurridos en años y delitos específicos.
Eleonora Muralles, de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), desconfía de estos informes, pues considera que las autoridades difícilmente visibilizarán la problemática real de las operaciones criminales en las cárceles, que a su criterio la situación podría ser aún peor.
Según las pesquisas, los centros desde donde se planifican el mayor número de hechos delictivos son el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, y las cárceles El Boquerón, El Infiernito, Canadá, Pavón y Pavoncito, Cantel y Puerto Barrios.
EXTORSIÓN DESDE DOS CÁRCELES
Investigaciones del Ministerio Público (MP) y del Mingob develan que las conferencias telefónicas se han convertido en una nueva vía utilizada por privados de libertad, desde distintas cárceles del país, a través de la cual pueden enlazar sus comunicaciones y amedrentar en grupo a una sola víctima.
En un archivo de audio al que tuvo acceso La Hora se revela cómo dos detenidos recluidos en las prisiones de Los Jocotes, en Zacapa y en El Infiernito, en Escuintla, obligan simultáneamente a una persona a que les traslade una suma de dinero a través de una transferencia bancaria. (Lea: La prueba)
PODER, LIDERAZGO, FALTA DE VOLUNTAD
Un estudio presentado recientemente por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) destaca que los perfiles criminales en las cárceles –crimen organizado, pandillas y exfuncionarios– han cambiado la forma de administrar los centros carcelarios
Estos privados de libertad tienen liderazgo y poder económico que han potencializado ante la anarquía que prevalece en el SP.
Según el análisis, Presidios no ha cumplido con el mandato constitucional de rehabilitar a los reclusos y tampoco existe un modelo formal y sistemático para implementarlo en los centros carcelarios.
De acuerdo con la investigación, los ilícitos planificados desde las prisiones persisten en un 75 por ciento.
Por aparte, Eleonora Muralles sostiene que la situación en las cárceles está vinculada con la falta de voluntad, pues si bien es cierto que el SP necesita inversión, al menos los planes deberían orientarse a la clasificación de reos por perfil, delito y condición preventiva o de condena.
Según la entrevistada, en una reunión reciente con el titular de la cartera del Interior, Mauricio López Bonilla, admitió que no tiene el control de los centros carcelarios y lamentablemente no es el único, pues ninguna administración lo ha logrado.
“Ningún Gobierno le ha puesto interés al SP. Vemos cómo siguen delinquiendo desde la cárcel. El mismo Ministro de Gobernación –Mauricio López Bonilla– nos dijo recientemente que definitivamente no tienen el control de las cárceles. Se supondría que en un plan de Gobierno las acciones deberían ejecutarse. Creo que el tema es más de voluntad y nadie del Gobierno pasado, ni de este Gobierno, ni tampoco de los anteriores ha hecho cambios en el SP, porque no hemos visto acciones para recuperar verdaderamente el control”, reiteró.
Muralles agregó que la falta de control en las prisiones también está vinculada a la corrupción, dado que nadie está interesado en combatirla.
“En las cárceles no se tiene control de nada; agregamos el tema de la corrupción. Vea lo que ha salido a luz y no hay reacción de parte de las autoridades para cambiar funcionarios, ponerlos en orden o abrirles un proceso por lo que está ocurriendo”, dijo.
“DESAFÍO”
El exministro de Gobernación Carlos Menocal fue consultado por los delitos que se planificaron desde la cárcel durante su administración, principalmente por la bomba que detonó en el bus extraurbano el 3 de enero de 2011.
El otrora funcionario argumentó que este tema es un desafío que sin duda preocupa a los encargados de la seguridad.
“Todo lo que ocurre en el SP es un desafío para un funcionario, independientemente de lo que sea, al final es una preocupación constante y latente. Recuerda usted que a nosotros nos tiraron cabezas en el Congreso porque se ajustaban los planes y los controles internos en contra de las maras; esto es una preocupación. No encuentro ninguna lógica que a un funcionario le dé igual lo que está pasando en el SP”, dijo.
Menocal explicó que existen algunos mecanismos de control interno que pueden implementarse para contrarrestar la corrupción, pero mientras no cambie la estructura y la asignación presupuestaria para Presidios no se puede avanzar como se desearía.
“Lógicamente hay que mantener los controles internos, la Inspectoría, acusaciones en contra de funcionarios; definitivamente, hasta que no se cambie el modelo, la estructura, no va a mejorar el SP. Lo importante es que se tienen que asignar más recursos, pero en el presupuesto de todos los años del Mingob la asignación presupuestaria del SP es muy débil”, indicó.
Édgar Camargo, actual director de dicha institución, refirió que para evitar la ejecución de cualquier hecho delictivo desde los centros coordinan el trabajo con las Fuerzas de Tarea y el MP, instituciones que intercambian información.
“Nosotros, a través del Departamento de Análisis del SP, recabamos bastante información, la trasladamos a las Fuerzas de Tarea y la evalúan, más la información externa que ellos tienen para ejecutar los operativos correspondientes, o por el contrario, cuando ellos tienen información externa de que algo está sucediendo dentro del sistema, nosotros les prestamos la colaboración con nuestros analistas y puedan ingresar a entrevistar a los privados de libertad o se hacen los gestiones a través del MP, si requiere aislar o trasladar a algún privado”, indicó.
El director de los centros carcelarios dijo que también realizan constantes requisas que se coordinan de forma interinstitucional y a través de las mismas se han decomisado varios teléfonos celulares.
LA PRUEBA
La conversación transcrita a continuación es un fragmento de la comunicación que intercambian dos detenidos y una víctima de extorsión. Puede escuchar el audio en www.lahora.com.gt.
Presidiario de El Infiernito: Dígale usted, compañera.
Detenida en Los Jocotes: Usted va a hacer una transferencia. No quiero fallas. No quiero problemas. No queremos llegar a más, que le quede claro, estamos siendo pasivos, tenemos paciencia, le estamos hablando todavía con cariñito, no queremos fallas. Estamos confiando en su palabra.
Víctima: Claro, claro.
Detenida: Se lo estoy repitiendo para que no vaya haber ninguna falla. Usted tiene el banco a diez minutos. Yo considero que en 15 o 20 minutos, tiempo máximo, ya está eso (transferencia bancaria).
Presidiario: Es una transferencia para Guatemala, Guatemala. A veces hacen preguntitas. Si le están haciendo preguntas usted le dice que está pagando –por ese trámite–. Si le preguntan, usted les dice que es para un su cuñado.
Detenida: Usted está cubriendo una deuda.
Presidiario: Mire mi hermano, usted está haciendo una transferencia a nombre de fulano para Guatemala, Guatemala. Ahí le dan una boleta. Cuando yo le llamo, usted nos da el número de la boleta.
Víctima: Pero como a veces hay bastante cola.
Detenida: Por la fecha no hay mucha cola. Yo considero que por la fecha, una vez usted está ubicado en la puerta del banco no se tarda más de 10 a 15 minutos adentro del banco.
HACINADOS
Estadísticas del SP indican que existe un 254 por ciento de sobrepoblación carcelaria, pues el último informe destacaba la reclusión de 16 mil 594 privados de libertad, aunque la capacidad instalada es de 6 mil 524 personas.
El 51 por ciento de los detenidos está de forma preventiva y el 49 por ciento condenados.
Hasta el 31 de diciembre de 2011, a pocos días que se instalara el gobierno de Otto Pérez Molina, se cuantificaban 12 mil 681 presidiarios.
Mientras que al 31 de diciembre de 2007, a escasos días que asumiera el ahora expresidente Álvaro Colom, la cifra era de 7 mil 114.
Eleonora Muralles
FADS