Hay un conflicto serio entre la conservación de un ambiente sano y la contaminación integral emanada de las extractivas mineras en Guatemala y en todo el mundo.
La demanda de recursos naturales por parte de la India y de la China continental, así como la de los países hegemónicos y la tendencia económica a raíz de la crisis mundial provocada por los interesados, hace que sea ferozmente agresiva e inmoral la forma de explotación de los recursos naturales de los países más pobres del planeta, en donde la preocupación general es mayormente la subsistencia.
La minería, como los demás procesos industriales se ha convertido en un verdadero dilema universal. El problema se ha acentuado en América Latina, en donde los políticos son sumamente avorazados y dominan a los gobiernos que se fortalecen en contra de los intereses de la ciudadanía de los países, ciudadanía que, indiscutiblemente, no cuenta con los sólidos instrumentos legales necesarios para defenderse y hacer retroceder al monstruo (Dinosaurio como lo describió Augusto Monterroso) que poco a poco va engullendo al país entero; lo cual podemos apreciar con facilidad, especialmente en Guatemala.
La minería es un dilema que debe resolverse por medio de una dialéctica real y no por medio de mentiras y falacias fundamentadas en proposiciones falsas. Debería resolverse el dilema de una manera inteligente, en donde se pongan en la balanza los intereses de ambas partes en la contienda: Por un lado, los intereses ciudadanos por la reivindicación sobre la propiedad, el uso de la tierra y el agua y el derecho natural de vivir en un ambiente no contaminado. Por el otro lado, los intereses económicos de la Nación (si las utilidades de la extracción quedaran en Guatemala, en su caso), así como los intereses de la industria que produce.
Es necesario que el bienestar integral de la ciudadanía se imponga por encima de todo, en virtud de que el ser humano, para el ser humano per se, es la especie más importante de la Tierra. Sin embargo, deben abrirse espacios para que la explotación minera pueda abrirse camino; para esto debe lograrse el beneplácito de los pueblos y comunidades aledaños a los puntos a ser explotados y deben realizarse estudios socioeconómicos profundos, con la finalidad de proporcionar seguridad ambiental y la no limitación de los derechos al suelo, la biodiversidad y el libre tránsito de las personas por sendas y caminos públicos. Debe tomarse en cuenta que el uso del agua pertenece, en muchas oportunidades, consuetudinariamente, a las poblaciones involucradas, por lo que las mineras que explotan material deberían quedar comprometidas formalmente a limpiar efectivamente las aguas que utilicen, así como pagar un arbitrio por el uso de ese vital recurso, además de todas las obligaciones de protección ambiental; protección social; seguridad industrial, etcétera, que implican la negociación de un contrato de estos con los gobiernos.
Ahora, si estas y otras exigencias fueran exageradas, de acuerdo a las ideas de los voraces mineros con mentalidad de sirvienta (sólo para adentro), sería mejor que fueran a explotar recursos naturales a otra parte y el material en el subsuelo que pertenece al Estado de Guatemala, permanezca en el sitio en el que la naturaleza lo ubicó desde el inicio de los tiempos terrestres, esperando que algún capital guatemalteco del futuro tenga el valor de invertir y sacarlo de allí, dejando mayores utilidades para Guatemala.