Es que las industrias extractivas constituyen, para muchas comunidades y paí­ses, «la maldición de los recursos naturales», especialmente porque el apetito de las compañí­as mineras aumenta en la misma proporción que el precio de sus productos, además de que los intereses de estas empresas están protegidos por acuerdos de inversión comerciales que les asignan la capacidad de demandar a los Estados si sus gobiernos cometen el atrevimiento de tomar medidas o sancionar leyes que reduzcan los beneficios de aquellas transnacionales.

Por supuesto que esta actitud no es exclusiva de los gobiernos que se han sucedido en Guatemala, que han sido protectores de los intereses de las compañí­as mineras, fundamentalmente durante la administración del presidente í“scar Berger, cuando lí­deres comunales que se oponen a la minerí­a abierta en sus municipios fueron perseguidos por las fuerzas de seguridad, en contubernio con los esbirros de las empresas extranjeras.

Esa supeditación obedece a que la industria minera es bien conocida por sus proyectos de «enclave», en los cuales la autoridad empresarial es superior a la del Estado, toda vez que como a la empresa se le asigna el derecho de explotar la mina, instala la infraestructura, extrae el material de la mina y negocia con el gobierno los términos de pago.

Así­ lo ha afirmado el investigador Thomas Lines, autor del libro próximo a publicarse Making Poverty: A History («Empobrecimiento: una historia»), según un despacho de la agencia IPS Noticias y firmado por Aleen Kwa. El autor precisa una información que no es noticia para los guatemaltecos, en el sentido de que lo que sucede con frecuencia es que la compañí­a minera obtiene mucho dinero y funcionarios gubernamentales reciben sobornos, mientras que en el ámbito local -en las comunidades- ofrece empleos, pero en general soy muy vulnerables, y someten a los trabajadores a laborar en condiciones de explotación, al extremo de que la minerí­a ha sido una importante fábrica de pobres.

Otro problema lo constituye la tierra invadida -advierte Lines-, puesto que no sólo se apropia del área donde se ubica la mina, sino también ocupa la tierra destinada a la infraestructura del transporte, y cada vez hay más proyectos de minas a cielo abierto, como también se puede comprobar en Guatemala, porque los empresarios no tienen que perforar sino sólo remover la cumbre de un área, o extraer los minerales que surgen al ras de la tierra, lo cual «es muchí­simo más dañino para el ambiente», enfatiza el autor.

Pero el problema no se limita a ese daño al ambiente, pues se registran otras consecuencias nefastas, como la contaminación quí­mica, dependiendo de la naturaleza del producto que se extrae, de manera que, por ejemplo, si se trata de oro, se usa cianuro, lo que significa la contaminación de los rí­os.

Si se quisiera revertir esa situación, serí­a necesario que los gobiernos dictasen normas para regular las actividades de la minerí­a abierta; pero la capacidad de regulación de parte del Estado ha sido despojada por medio de acuerdos internacionales de los paí­ses con instituciones multilaterales, al grado que los Estados perdieron el control social sobre las minas. Ergo, Guatemala.

Un caso paradigmático es el del Perú, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de ese paí­s garantizar que una empresa minera removiera los residuos tóxicos que contaminaron el agua subterránea, el aire y la tierra, todo lo cual daña la salud de la población afectada; pero como el gobierno de Lima firmó un tratado bilateral con la compañí­a, ésta puede demandar al Estado peruano, por defender los intereses de sus ciudadanos.

(El empresario minero le dice al peón Romualdo Talishte: -Tenés que aprender la ley de la oferta y la demanda. Tu trabajo es ofrecerme todo su tiempo, y el mí­o es demandar aún más).