Minerí­a, ¿cuestión de nacionalismo y principios?


Para muchos, la minerí­a es una actividad extractiva para obtener metales valiosos, pero Alfonso Bauer Paiz está convencido de que se trata de un tema de nacionalismo y principios, en el que antes de cualquier interés económico, debe prevalecer el bienestar de la población y el Estado. En medio de la polémica que genera una ley, que sólo deja uno por ciento de regalí­as estatales en la actividad minera, el experto en derecho propone una nueva legislación, amigable con el ambiente, de beneficio para los pueblos y aún así­, atractiva para los inversionistas.

Gabriel Herrera
gherrera@lahora.com.gt

Alfonso Bauer Paiz, ex secretario de Economí­a durante el gobierno de la Revolución de octubre de 1944, Abogado y Notario y ex diputado, funge ahora como analista del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), desde donde propuso una inédita iniciativa de ley sobre minerí­a.

Bauer Paiz, quien tuvo que exiliarse décadas atrás ante la convulsión social provocada por los constantes golpes de Estado que en Guatemala amenazaban a los lí­deres progresistas, ahora, sigue en su empeño de trabajar y propone una nueva legislación que corrige los errores históricos en materia de economí­a y recursos.

De esa manera, explica cómo construyó una propuesta de Ley de Minerí­a, que viene revestida de visión de futuro y que ante cualquier otro precepto, contempla la importancia de preservar los recursos materiales y humanos, que a su criterio son elementos que en la sociedad han hecho falta en las últimas tres décadas de legislaturas

INICIATIVA

En términos generales, la propuesta de Bauer contempla elevar las regalí­as para el Estado a un 40 por ciento sobre los beneficios de la actividad minera y prohí­be las formas extractivas que representen daños al medio ambiente y la sociedad.

Actualmente, la legislación sólo contempla para el Estado el uno por ciento de los beneficios de la minerí­a, mientras que la práctica extractiva a cielo abierto genera serios daños al medio ambiente, aunque las empresas dedicadas a esa actividad sostienen lo contrario.

«Si hay algo en contra del documento de «Poncho» Bauer, es sencillamente de gente que apoya la minerí­a, de gente que apoya la explotación, de gente que no quiere la independencia nacional», opinó Miguel íngel Sandoval, ex candidato presidencial.

Por su parte, Leonel Soto Arango, diputado de Unión del Cambio Nacionalista (UCN), dijo que a pesar de que Alfonso Bauer Paiz se aferró como ninguno a su ideologí­a de esquema socialista, no tiene discusión su personalidad y el respeto que merece su esfuerzo para crear ese nuevo texto.

Asimismo, dijo que es necesario reconocer la capacidad de análisis, el nacionalismo y el empeño demostrado por Bauer Paiz en su trabajo a lo largo de su carrera, que se manifiesta en su iniciativa.

Pese a que la iniciativa es positiva tendrí­a que pasar un proceso de consultas, revisiones y cabildeos para convertirse en ley, pues la minerí­a y los intereses económicos que giran en torno a las empresas son un obstáculo.

INICIATIVA

Algunas opiniones coinciden en que la propuesta de Ley de Minerí­a podrí­a traer algunos aspectos innovadores que podrí­an ser aprovechados para crear un marco que regule de forma integral esa actividad.

Héctor Nuila, jefe del bloque URNG, destacó que ya leyó el contenido escrito por Bauer Paiz, «en la que la exposición de motivos da elementos suficientes para plantear una reforma total a la ley de Minerí­a».

Desafortunadamente la mayorí­a de parlamentarios no saben que existe este documento nuevo y que surge de un ex parlamentario.

CONTRATIEMPOS

Para que esta nueva idea avance, hay muchos obstáculos que librar, por ejemplo «los compromisos que el Gobierno tiene o puedan tener algunos funcionarios o ex funcionarios», opinó Nuila.

«Hasta vencer el poder que tienen tomando en cuenta que hacen presión en el Congreso de la República y porque la mayor parte de legisladores representan esos intereses», agregó.

Soto Arango respalda la propuesta del aumento a las regalí­as para que el Estado se beneficie en alto porcentaje, así­ como que la necesidad de proteger el medio ambiente es indiscutible tal como lo propone Bauer Paiz.

Contrario a la propuesta de las consultas populares, Soto Arango ve riesgos en su aplicación debido a que falsos lí­deres en pro del medio ambiente podrí­an aprovecharse de la situación.

Las regalí­as propuestas por Bauer Paiz es uno de los aspectos sobre los cuales la mayorí­a evidencia sus reservas y no se atreven a opinar, sin embargo Soto Arango recuerda que es oportuna una variación a favor del Estado.

«La mayorí­a de regalí­as pueden quedar en el paí­s, indiscutible, ya tenemos la experiencia de Exmibal con la explotación de ní­quel que se llevaron todo y no quedó nada para el paí­s», trajo a su memoria.

Pero para generar verdaderos cambios, el proyecto tendrí­a que transformarse en iniciativa, y luego en Ley, pero Bauer ya no tiene esa facultad, por lo que se requiere del respaldo de la Usac o del Congreso para que la iniciativa llegue a las curules del Legislativo.

REACCIí“N MONTANA


Montana Exploradora, responsable de la Mina Marlin, rechaza los señalamientos en los que se critica el severo impacto ambiental por la extracción de oro en el departamento de Huehuetenango.

De acuerdo con la empresa subsidiaria de la firma canadiense Goldcorp, las pruebas en el área no reflejan los señalamientos de los grupos ambientalistas.

Y por el contrario, sostienen que las actividades mineras benefician al comercio y a los pobladores locales, con empleos, proyectos sociales y programas de conservación ambiental.

ENTREVISTA ALFONSO BAUER PAIZ


En las disposiciones de la iniciativa de Ley que usted desarrolló, ¿a qué se refiere con «las acciones lesivas a los intereses de la Nación y del Estado»?

La actual ley vigente de minerí­a, en general es perjudicial a los intereses nacionales. Fue elaborada por la propia empresa Montana, naturalmente con disposiciones favorables a las empresas extranjeras. En vista de los daños que ha sufrido el paí­s desde la vigencia de esta ley, me propuse redactar un proyecto de ley que modificara completamente el texto actual, para poner en condiciones de gran ventaja al Estado de Guatemala, o que por lo menos mantuviese una condición de igualdad entre el Estado y la empresa concesionaria de alguna explotación minera. Ese es el objeto de esta ley.

¿Por qué hace énfasis en los «graves daños al medio ambiente» y la «salud de los habitantes»?

Está probado el daño que la minerí­a les ha causado a los habitantes en las localidades donde se realizan actividades extractivas. Se han diagnosticado enfermedades de la piel, intoxicación a causa de la contaminación de los recursos hí­dricos, inseguridad en las propias viviendas, porque esta ley que permite la minerí­a a cielo abierto, usa explosivos poderosí­simos, muchas de las viviendas se han resquebrajado y dañado. Acaba no solo con el ser humano, sino con los recursos forestales del paí­s, la flora y la fauna.

¿Por qué razón incluyó el aspecto «incumplimiento de efectuar consultas»?

La iniciativa de ley está precedida de un capí­tulo, que en la exposición de motivos, explica las causas por las cuales es dañina la explotación minera a cielo abierto. Primero, la violación de una serie de preceptos constitucionales de la República; segundo porque esta ley contiene disposiciones lesivas a los intereses económicos del paí­s de manera atentatoria; tercero, porque esta ley no ha cumplido con las disposiciones que contiene el régimen jurí­dico guatemalteco y el Código Municipal, que explica sobre la necesidad de hacerle consultas a las poblaciones indí­genas sobre si quieren o no, que se desarrollen proyectos que les puedan afectar. La Constitución Polí­tica de la República, en el artí­culo 173, es completamente general, porque dice que los problemas importantes se deben consultar a todos los ciudadanos del paí­s. Y cómo no va a ser problema importante una actividad que termina con los recursos naturales valiosí­simos pero no renovables. Jamás se ha hecho una consulta de tipo general, y si excepcionalmente se ha hecho alguna con base en el Convenio 169 de la OIT, no se ha respetado la opinión de las poblaciones indí­genas.

¿Por qué propone derogar completamente la Ley vigente de Minerí­a?

Porque actualmente el Congreso de la República, el Ejecutivo y algunos otros intereses estatales, privados o municipales sólo han hablado de reformas parciales, particularmente de aumentar las regalí­as porque según la ley actual el 99% le queda a la empresa minera; a Guatemala, que se le está dañando y se le está privando de esos recursos valiosos, solo le corresponde el 1%, de manera que en la iniciativa de Ley lo subo a 40% para repartirlo entre el Estado y las municipalidades correspondientes. Un antecedente de esto lo podemos tener en el caso de Cuba, que no hace más de cinco años que contrató con China la explotación de ní­quel mediante el cual el 58% lo tiene Cuba y el resto es para China. De manera que en Guatemala no llego a tanto, pero sí­ propongo mejorar sustancialmente el ingreso para el paí­s.

Su propuesta es innovadora. Nadie más ha propuesto iniciativas como la suya.

Doy completamente vuelta a una serie de preceptos, por ejemplo, la actual ley establece que si una empresa que tiene un contrato de 25 años de explotación, basta con que 15 dí­as antes de vencer el plazo enví­en una carta al Estado diciéndole que desea continuar con la concesión para que el Estado obligatoriamente le conceda otros 25 años. Por otra parte, esta ley permite el derecho hereditario, o sea que una persona natural, que habí­a probado su capacidad técnica, su honorabilidad, sus buenos antecedentes, pero los hijos herederos pueden ser unos criminales y la ley automáticamente al morir el concesionario, sus herederos tienen derecho de continuar, no debiera ser así­, solamente en caso que el heredero compruebe que tiene las mismas calidades de la persona anterior. Por otro lado, la ley contiene una serie de disposiciones redactadas tan ventajosamente a las empresas que preceptúa que si solicitan algo, la ley establece un plazo de equis número de dí­as, si en ese número de dí­as el Estado no ha contestado, se entiende por concedida la petición. Yo le doy vuelta y al revés, si no contesta el Estado se considera improbada la solicitud.

¿Qué evoca la Ley con el referente «Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Canadá?

Está la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia del Canadá condenando a esta compañí­a Montana, que es una de las más importantes por los daños que en el Canadá le ha causado al medio ambiente, y si eso ha hecho en el Canadá, imaginemos qué no habrá hecho en Guatemala.