La aprobación de una licencia de explotación para la minera San Rafael S.A. en el municipio de San Rafael Las Flores, cumplió con los requisitos que exige la legislación ambiental minera y vigente en el país, según la empresa extractiva; sin embargo, activistas indican que la aprobación del contrato tuvo muchas irregularidades y que no se obtuvo la “licencia social”.

Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), señala que aunque la legislación vigente no garantiza una consulta previa a la población sí hubo 178 oposiciones a la minera que conoció la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y que debieron ser resueltas, pero a las que el Ministerio no dio trámite. 

Las oposiciones fueron presentadas por miembros de comunidades que plantearon que no tenían información sobre el proyecto y que no estaban de acuerdo con la minera por temor  a riesgos ambientales. 

Por otro lado, se realizó una serie de reuniones con la participación de un pequeño grupo de personas que escucharon “las bondades” de la mina y eso lo consideraron la licencia social, indicó Samayoa.

No hubo consulta comunitaria, ya que la misma no está contemplada en la legislación guatemalteca y no se ha logrado ningún avance en el Congreso de la República para legislar sobre ello.

SÍ HAY INFORMACIÓN
Sobre las 178 oposiciones a la minera, Andrés Dávila, coordinador de comunicación de la Minera San Rafael, señaló que todas las oposiciones fueron evacuadas y declaradas sin lugar. Las razones de las oposiciones no se conocieron, indicó.

Sobre si las mineras están de acuerdo en que se realicen consultas previas e informadas a las poblaciones donde operarán las empresas, Dávila señaló que la minera cuenta con una Oficina de Relaciones Comunitarias en el municipio, cuyo trabajo es el acercamiento a las comunidades.

El entrevistado afirmó que más de tres mil personas han conocido las instalaciones en donde se llevará a cabo el proyecto, que se encuentra dentro del casco urbano del municipio de San Rafael Las Flores, en Santa Rosa.

Sobre la oposición social que tiene la minera en el municipio, Dávila indicó que, tal como lo afirma el Ministro de Gobernación, la oposición no es de pobladores del lugar; el 95 por ciento de los empleados de nuestra mina son guatemaltecos y más del 45 por ciento son de San Rafael Las Flores, justificó. 

SIN LEGISLACIÓN
Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), manifestó que el tema de consultas comunitarias como mecanismo para obtener la licencia social de las comunidades es un tema contundente que no ha querido ser abordado por el MEM, el Ejecutivo  y el Congreso.

No se trata solo de voluntad para regularlo sino que no quieren reconocer que son vinculantes, dado que están reguladas en el Código Municipal; no se ha querido legislar sobre eso ya que saben que la población en su gran mayoría rechaza la actividad minera, esto se ha demostrado con encuestas y con las consultas comunitarias que se han realizado en el país dijo Maldonado.