La divulgación de acontecimientos ocurridos en San Rafael las Flores, departamento de Santa Rosa, y las escuchas telefónicas captadas por fiscales del Ministerio Público al jefe de seguridad de la minera que opera en esa jurisdicción,
de parte de los diarios La Hora y Siglo.21 y el periódico digital en inglés Guatemala-Times, han causado severo impacto en el aspecto que más le afecta a una transnacional, como es la caída del valor de sus acciones en la bolsa de valores, porque a las noticias no le conceden mayor trascendencia.
Este vespertino publicó el martes pasado una breve nota acerca de este asunto, que yo retomo al contar con más elementos de juicio respecto a que el valor de las acciones de la compañía canadiense Tahoe Resources, casa matriz de la Minera San Rafael, “Bajaron después de que el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés) presentó una denuncia a la Comisión de Seguridad de (la provincia de) Ontario, solicitando que ese organismo regulador investigue la conexión de Tahoe con la evidencia telefónica que implica a empleados de la compañía involucrados en disparar contra seis manifestantes en la mina en Guatemala”.
El JCAP es una institución privada de Canadá que supervisa las operaciones de las empresas mineras, para que no violen estrictas normas legales que velan por el respeto a los derechos humanos de sus trabajadores y que no alteren el ambiente, y, por consiguientemente, que las filiales en el extranjero de las compañías mineras canadienses también operen bajo similares reglas.
El lunes 13 de mayo pasado publiqué un artículo en el que me refería a las expresiones soeces del jefe de seguridad de la Minera San Rafael, Alberto Rotondo, quien habría ordenado a subalternos suyos que le dieran muerte a vecinos de las comunidades que se oponen a la extracción minera y anunciaba que se iba de Guatemala porque “mandé a quebrar a unos hijos de la gran puta”, según escuchas del MP; pero fue capturado en el aeropuerto La Aurora cuando se disponía a huir del país.
Esa información fue enviada al extranjero por el periódico Guatemala-Times, editado por Bárbara Schieber, y rebotó en redes sociales, informativos de Canadá y agencias internacionales de noticias, cuyos corresponsales entrevistaron a un funcionario de Tahoe Resources, que negó la versión y aseveró que Rotondo “sólo tomaría vacaciones”.
Según la más reciente información que dispongo, el abogado Shin Imai, de JCAP en la Facultad de Leyes de la Universidad de Osgoode de Toronto, declaró que “Tahoe Rosources, en comentarios de prensa, ha minimizado los graves crímenes de los cuales han sido acusados sus empleados (Rotondo y Juan Pablo Oliva Trejo, ambos con arresto domiciliario) y no han ofrecido una declaración oficial después de haberse presentado la evidencia”.
Por su parte, Jen Moore, de Mining Watch Canadá, señaló que “Dado que es el único proyecto minero de la compañía (en Guatemala), los inversionistas y el público en general deben saber sobre las implicaciones de los empleados en los atroces ataques, así como de la proclamada oposición de la población a la mina”.
(El ambientalista Romualdo Tishudo pregunta: -¿Qué pensará al respecto el juez que dictó arresto domiciliario a Alberto Rotondo?)