Grupos ambientalistas y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) coinciden en la importancia de incrementar las regalías que dejan las empresas mineras al Estado, las cuales proponen puedan llegar hasta un 10%; mientras tanto, representantes de Montana Exploradora dicen no oponerse de ser esta una decisión del Gobierno.
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Yuri Melini, del Centro de Acción Legal Ambiental (CALAS), manifestó que las regalías por metales preciosos no deberían bajar del 6 por ciento y agregó que no es justo que Montana haya explotado oro valorado en por lo menos Q6 mil millones en el tiempo que llevan de trabajar en nuestro país y que únicamente han dado por concepto de regalías 430 millones.
A esto, Jorge Sandoval, asesor legal de Montana, compañía extractora de oro que funciona en el país, expresó que ellos respetarán la decisión que se tome, de incrementarse o no las regalías y explicó que año con año, dicha empresa otorga de 6 a 8 millones por regalías y afirmó que durante todo el tiempo de trabajo que llevan en el país, han dado más de 60 millones.
Por su parte Selvyn Morales, director general de Minería del MEM, detalló que las regalías deberían ser de la siguiente manera: 1% para materiales de construcción; 2% para rocas; 3% para metales comunes; de 3% a 10% para metales preciosos (oro y plata), dependiendo del precio de los mismos en el mercado.
Todo esto se dio en torno a la tercera sesión pública del Parlamento Ambiental, en donde representantes de las principales entidades que tienen que ver con el tema ambiental, se reúnen a tratar temas de su interés. Este día se tomaron las diferentes posturas sobre la minería de metales a cielo abierto.
Morales expresó que las regalías que los trabajos mineros dejan al Estado llegan a los 114 millones anuales y que Montana es una de las principales empresas que otorgan las mismas, representando un 92% de los totales. Sin embargo para Melini «no es lógico que produciendo tanto den tan poquito».
El daño que causan los proyectos mineros al medio ambiente fue otro de los temas a tratar y haciendo énfasis en los proyectos de recuperación ambiental que deberían de implementar las mineras.
Calas ya realizó una propuesta para la Ley de Minería, y Montana, como agremiada al sector minero, no se quedó atrás, también ya manifestaron su postura, mientras tanto el MEM junto con el Ejecutivo se encuentran analizando una postura en este tema, de acuerdo con Morales.
Pobladores de distintos municipios de Huehuetenango se dieron cita en la ciudad capital, para solicitar al Estado guatemalteco que se respeten sus opiniones en torno a la minería y que las 28 consultas populares, en las que más de 600 mil pobladores han dado un rotundo no a los proyectos mineros, sean vinculantes.
«No solicitamos ni el 10% ni mucho menos el 20% de regalías, solicitamos la suspensión de toda licencia minera sobre nuestro territorio, ya que todo el pueblo ha opinado lo mismo; las regalías no son la solución», afirmó Víctor López, vicealcalde de Colotenango, Huehuetenango.