Los nueve militares procesados por la muerte de seis personas en la Cumbre de Alaska, Totonicapán, buscan que se les reforme el delito de ejecución extrajudicial a homicidio culposo, para poder dejar la prisión.
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En la audiencia realizada en el Juzgado Primero de Mayor Riesgo A, el abogado Jaime Hernández reiteró que durante los disturbios ocurridos el pasado 4 de octubre, en el kilómetro 170 de la carretera Interamericana, los castrenses actuaron en defensa propia.
Por dicho motivo, le solicitó a la jueza Carol Patricia Flores una reforma del auto de procesamiento, es decir, que los nueve soldados ligados a proceso por los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa, fueran investigados por un solo ilícito, el de homicidio culposo.
No obstante, el Ministerio Público, y la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán, querellantes adhesivos en el proceso, rechazaron la petición de la defensa, argumentando que no han cambiado las circunstancias en el caso.
Según el Código Penal, quienes fueran encontrados culpables del delito de ejecución extrajudicial recibirán condenas entre los 25 y 30 años, mientras que el autor del delito de homicidio culposo, una sentencia de 2 a 5 años.
Por este caso, son objeto de persecución penal el coronel Juan Chiroy Sal, y los soldados Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Ábner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Felipe Chuc Coc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Edín Adolfo Agustín Vásquez y Manuel Lima Vásquez.
Durante la audiencia, el ente investigador dio a conocer que las pesquisas evidenciaron, que fueron trece los soldados armados que se dirigían al lugar de la protesta para disolver la manifestación y que no obedecieron las instrucciones de la Policía Nacional Civil (PNC).
Al momento del cierre de esta edición, Flores aún no había resuelto si los castrenses serían procesados por otro delito, o continuarían en la misma situación judicial.
Por otro lado, previo a la petición de reforma del auto de procesamiento, Flores rechazó la solicitud de la defensa para que un perito del Ejército realizara un nuevo análisis balístico de los 102 casquillos y proyectiles que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que fueron disparados por las armas de fuego incautadas.
El argumento utilizado por los abogados señalaba que querían confirmar lo dicho por el primer informe pericial. A esta petición la Fiscalía también se negó, aduciendo que los solados podrían ser beneficiados por un perito del Ejército.
LAS INVESTIGACIONES
Como parte de las pesquisas para esclarecer lo ocurrido, el MP recibió la autorización judicial de Flores, para solicitar un desplegado de llamadas telefónicas del celular utilizado por Chiroy Sal, así como activación de celdas y localización, mensajes de texto, así como mensajes de chat telefónico, registrados entre el procesado y sus autoridades, desde el pasado 2 de octubre, hasta el 26 de noviembre.
Dentro del desplegado a investigar, también fueron incluidos los números de aproximadamente 30 autoridades del Ministerio de la Defensa, el Ejército y la PNC.
Por otro lado, el MP tiene luz verde para requerir información, incluyendo videos de cámaras de seguridad de las entidades, comercios o empresas que se ubiquen en los alrededores de la Cumbre de Alaska, para denotar el actuar de las autoridades y demás personas que participaron en los incidentes.